Con firmas que van desde el Frente Amplio hasta el Partido de la Gente, las bancadas parlamentarias citarán a la jefa de Seguridad Pública para que rinda cuentas ante el Congreso. El bloque opositor arremetió contra los «discursos vacíos» y las promesas de campaña, mientras que el oficialismo blindó a la secretaria de Estado destacando decomisos históricos y acusando una «doble vara» respecto al gobierno anterior.
La tensión política en torno a la crisis de delincuencia y control fronterizo alcanzó su punto más álgido en el Congreso Nacional. Durante la tarde de este lunes, un amplio bloque de partidos de la oposición anunció de manera oficial la presentación de una interpelación parlamentaria en contra de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, con el objetivo directo de exigir explicaciones detalladas y transparentes sobre la aparente falta de una hoja de ruta estructurada para combatir la criminalidad en el país.
La interpelación, considerada uno de los instrumentos constitucionales de información y control político más severos del Congreso sobre las actividades del Poder Ejecutivo, obligará a la secretaria de Estado a comparecer ante el hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados para responder un cuestionario temático elaborado por los legisladores.
La artillería de la oposición: «Certezas frente a discursos vacíos»
El anuncio de la interpelación sumó respaldos transversales dentro del abanico opositor, donde llovieron duras críticas hacia la capacidad de gestión de la ministra Steinert y el cumplimiento de las promesas del programa de Gobierno.
Desde el Partido de la Gente (PDG), la diputada Pamela Jiles defendió la medida argumentando que la titular de Seguridad tendrá que “demostrarle al país si tiene las capacidades mínimas para cumplir con su función”. Bajo su análisis, las expectativas ciudadanas se encuentran completamente defraudadas: “Hasta aquí, lo que la ciudadanía ve es que aquella promesa que se le hizo no solo no se está cumpliendo, sino que la ministra tiene dudas respecto de la necesidad evidente de presentar un plan de seguridad al país”, complementó la legisladora.
Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), diputado Raúl Leiva, aseguró que la drástica decisión responde directamente a “las problemáticas en materia de seguridad y la inexistencia de un plan efectivo” en el territorio nacional. Leiva planteó la instancia como un espacio de exigencia institucional: “Creemos que es la oportunidad, dentro de las facultades que nos franquea nuestro reglamento y la Constitución Política, para que dé cuenta de cuál es el plan del gobierno en materia de seguridad. Hasta el momento no hemos conocido ningún elemento”, aseveró.
En una línea de crítica mucho más política y apuntando al control migratorio, el diputado independiente-PPD y miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, recalcó que el país exige conocer un diseño técnico con ejes, medidas inmediatas, de mediano y de largo plazo. Asimismo, instó a elevar el estándar del debate: “Queremos superar este debate absurdo que ha planteado el presidente Kast de la metáfora, de decir que engañó al país diciendo que iban a sacar 300 mil extranjeros”, disparó el parlamentario, añadiendo que la convicción de las distintas bancadas es obligar al Ejecutivo a «trabajar en serio».
Finalmente, la jefa de la bancada del Frente Amplio, diputada Carolina Tello, acusó al palacio de La Moneda de mantener un vacío de liderazgo en las regiones más afectadas por la violencia. “El gobierno sigue sin entregar una hoja de ruta seria y transparente para recuperar el control de nuestro territorio. Chile necesita certezas de coordinación y, por supuesto, decisiones claras y concretas sin discursos vacíos”, fustigó.
El origen de la tormenta: La frase que encendió la polémica
La controversia que detonó este masivo descontento parlamentario se remonta a las polémicas declaraciones emitidas por la propia ministra Trinidad Steinert la semana pasada. Ante las comisiones legislativas, la secretaria de Estado confesó de forma abierta que no se esperaba que el Congreso le exigiera la presentación de un plan de seguridad formal y estructurado.
“Yo no me esperaba la necesidad o la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto y, en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por una comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes”, fueron las palabras de Steinert que encendieron los ánimos en Valparaíso.
A pesar de que posteriormente la ministra salió a defenderse públicamente, asegurando que dicha hoja de ruta gubernamental sí existe y que actualmente se “está formalizando en plazos sin precedentes” para la administración pública, las explicaciones resultaron insuficientes para frenar el documento de interpelación.
El contraataque oficialista: Defienden hitos y acusan «vara distinta»
Desde el oficialismo salieron en bloque a blindar la gestión de la ministra Steinert y a contraatacar con dureza las intenciones de la oposición, acusando un aprovechamiento político y una falta de memoria respecto a los plazos de las administraciones anteriores.
El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, diputado Cristián Araya (Republicanos), blindó el trabajo de la cartera afirmando de forma tajante que “los hechos hablan por sí solos”. Para argumentar el éxito de los primeros meses de gestión bajo la administración de José Antonio Kast, el legislador enumeró hitos operativos de gran envergadura: “Hemos conseguido el mayor decomiso de marihuana en los últimos 25 años y el mayor decomiso de cigarrillos ilegales de la historia. Hemos avanzado en pocos meses mucho más de lo que hizo el gobierno anterior en muchas materias”, enfatizó.
En esa misma línea, el diputado Republicano disparó directamente contra los partidos que conformaron el antiguo comité político de Gabriel Boric, apuntando a una supuesta incoherencia cronológica. “Muchos han hablado del plan de seguridad, pero parecen olvidar que el gobierno de Gabriel Boric se demoró 13 meses y hoy rajan vestiduras porque no está la resolución exenta a dos meses de asumir el gobierno”, fustigó Araya.
Hacia el cierre de sus descargos, el parlamentario oficialista acusó la existencia de un doble estándar permanente en el debate legislativo de Valparaíso. “Sabemos que en su gobierno toleraban la negligencia, la incompetencia y con nosotros son mucho más exigentes. La ministra ya expuso el plan en abril, en la comisión de Seguridad del Senado”, remató, anticipando que la instancia de interpelación se transformará en un bumerán político donde el oficialismo expondrá los severos déficits de seguridad heredados en el país.
