El tribunal de alzada concluyó que la nueva cartera de Seguridad Pública no cuenta con facultades legales para presentar acciones sustentadas en la Ley de Seguridad del Estado, manteniendo dicha atribución exclusivamente en el Ministerio del Interior pese a la reciente reorganización institucional del Gobierno.
Un nuevo capítulo judicial sumó la investigación por la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, luego que la Corte de Apelaciones de Valdivia resolviera declarar inadmisible la ampliación de querella presentada por el Ministerio de Seguridad Pública en el marco del ataque ocurrido durante una actividad en la Universidad Austral de Chile.
La decisión del tribunal de alzada representa un revés para la cartera encabezada por Trinidad Steinert, debido a que el recurso buscaba incorporar la invocación de la Ley de Seguridad del Estado en la causa derivada de los incidentes registrados el pasado 8 de abril en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile.
El fallo fue adoptado de manera unánime por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, instancia que acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, determinando que el Ministerio de Seguridad Pública no posee atribuciones legales para impulsar este tipo de acciones judiciales bajo dicha normativa.
Tribunal cuestiona facultades del Ministerio de Seguridad
En la resolución, el tribunal concluyó que la actual legislación mantiene en el Ministerio del Interior las competencias relacionadas con la presentación de querellas vinculadas a la Ley de Seguridad del Estado, descartando que dichas facultades hayan sido transferidas a la nueva cartera de Seguridad Pública.
“Se advierte la falta de legitimación activa del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por el delito en virtud del cual fundó su ampliación de querella”, señala parte del fallo emitido por la Corte de Valdivia.
La resolución agrega que, pese a la creación del nuevo ministerio, el legislador mantuvo expresamente estas atribuciones radicadas en Interior, sin incorporar iguales competencias para Seguridad Pública.
“Se decidió mantener expresamente la facultad de interponer la querella en el Ministerio del Interior, sin dotar al Ministerio de Seguridad Pública de idéntica facultad”, sostiene el documento judicial.
Asimismo, el tribunal enfatizó que las funciones relativas al gobierno político y administrativo del territorio continúan siendo responsabilidad del Ministerio del Interior, organismo que conserva coordinación sobre materias de seguridad institucional a nivel nacional y regional.
Investigación sigue en curso
La controversia judicial se origina tras los hechos ocurridos durante la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile, actividad en la que la ministra Ximena Lincolao fue agredida en medio de manifestaciones protagonizadas por estudiantes.
A raíz de estos incidentes, tres alumnos de la casa de estudios fueron formalizados por la Fiscalía, quedando posteriormente en libertad mientras continúan las diligencias investigativas.
La presentación del Ministerio de Seguridad generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y jurídicos. Entre ellos, el senador Iván Flores advirtió previamente que la cartera encabezada por Trinidad Steinert no contaba con atribuciones legales para invocar la Ley de Seguridad del Estado.
El parlamentario sostuvo que la acción judicial impulsada por la secretaría de Estado excedía las competencias establecidas por ley para el nuevo ministerio, argumento que finalmente fue acogido por el tribunal de alzada.
Con esta resolución, la investigación penal por la agresión a la ministra continuará su curso, aunque sin la ampliación de querella impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública bajo el amparo de la Ley de Seguridad del Estado.
