Una diferencia de al menos 22 drones sin seguro y un posible sobrepago cercano a $167 millones motivaron a concejales a solicitar una investigación en Contraloría por el millonario “Show de Drones 2026” en Iquique.
Una presentación formal ante la Contraloría Regional de Tarapacá abrió un nuevo foco de tensión en la Municipalidad de Iquique. Un grupo de concejales denunció una serie de presuntas irregularidades en la licitación del denominado “Show de Drones 2026”, espectáculo que implicó una inversión de más de 600 millones de pesos, y que hoy está bajo cuestionamiento por eventuales inconsistencias técnicas, administrativas y financieras.
El requerimiento, patrocinado por el abogado Felipe Rojas, apunta directamente a la actuación de la Comisión Evaluadora, la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) y el propio alcalde, por posibles vulneraciones a la normativa de compras públicas y al principio de probidad administrativa.
La acción fue realizada por los concejales Domingo Campodónico Saluzzi, Carolina del Carmen Valdés Díaz, Washington David Maldonado Maya y Néstor Gabriel Jofré Cáceres, quienes acudieron a la Contraloría Regional de Tarapacá con el objetivo de que se investiguen en profundidad las eventuales irregularidades detectadas en el proceso licitatorio y la ejecución del cuestionado espectáculo.
LAS DUDAS QUE ENCENDIERON LA ALERTA
Según los antecedentes entregados, uno de los puntos más críticos radica en la diferencia entre el número de drones asegurados, autorizados y presuntamente utilizados en el espectáculo.
- Una póliza de seguro cubría 1.533 drones
- Un archivo técnico presentado consideraba 1.555 drones
- La autorización oficial se basó en este último documento
Esto implica que 22 drones habrían operado sin cobertura de seguro, lo que abre interrogantes sobre la seguridad del evento y el cumplimiento de las bases de licitación.
A ello se suma otro elemento aún más delicado: información obtenida vía transparencia indicaría que la cantidad de drones que realmente volaron sería inferior a la pagada, lo que podría haber generado un sobrepago cercano a los 167 millones de pesos.
FALLAS EN LA EVALUACIÓN Y POSIBLE NEGLIGENCIA
El documento ingresado a Contraloría sostiene que la Comisión Evaluadora habría validado la oferta sin realizar un cruce exhaustivo de antecedentes clave, limitándose a consignar que la empresa “presenta documento”, sin verificar inconsistencias.
Además:
- No se habrían exigido aclaraciones ni subsanaciones
- Se aceptó una ficha técnica incompleta
- No se acreditaron todos los modelos de drones ofertados
Pese a estos vacíos, el contrato fue firmado el 16 de diciembre de 2025, sin que existan registros de medidas preventivas frente a las discrepancias detectadas posteriormente.
ENTREVISTA EXCLUSIVA: “SE PAGÓ POR ALGO QUE NO SE ENTREGÓ”
En conversación con Vilas Radio, el abogado patrocinante, Felipe Rojas, explicó el trasfondo de la acción presentada:
“Los concejales toman conocimiento de una diferencia entre los drones que volaron y los que se pagaron. Eso genera la necesidad de acudir a la Contraloría para que investigue si hubo un uso indebido de recursos públicos”.
El jurista fue enfático en el impacto económico:
“Aquí hay un posible sobrepago importante. Si se hubiese fiscalizado correctamente, el municipio pudo haber aplicado multas o retener pagos, pero nada de eso ocurrió”.
Consultado sobre las responsabilidades, Rojas apuntó a una cadena de omisiones:
“No solo es un tema administrativo. Hay dudas sobre el rol del municipio, de la JAC y también de la empresa contratista. Esto debe investigarse a fondo”.
¿POR QUÉ LA DENUNCIA SE PRESENTA AHORA?
Uno de los cuestionamientos surgidos en la entrevista apunta a por qué los concejales no detectaron estas irregularidades antes, considerando que participaron en la aprobación del proyecto.
Rojas aclaró:
“El concejo aprueba aspectos generales del proyecto, no la ejecución técnica. La fiscalización ocurre después, y es precisamente lo que están haciendo ahora”.
Añadió que los antecedentes clave, como el informe técnico sobre la cantidad real de drones, se conocieron recientemente, lo que motivó la acción.
EMPRESAS BAJO LA LUPA
Otro punto que genera sospechas es la estructura de la empresa adjudicataria:
- Se trata de una Unión Temporal de Proveedores
- Participa una empresa extranjera
- Se investiga si fue creada exclusivamente para esta licitación
“Nos interesa saber quiénes están detrás, dónde fueron a parar los recursos y si existe un patrón en este tipo de contrataciones”, señaló el abogado.
POSIBLES CONSECUENCIAS
La presentación ante Contraloría solicita:
- Abrir una investigación administrativa
- Revisar toda la documentación original
- Evaluar la suspensión del contrato si hay riesgos
- Realizar peritajes técnicos especializados
- Aplicar sanciones si se comprueban irregularidades
En caso de confirmarse los hechos, podrían derivarse:
- Responsabilidades administrativas
- Sanciones a funcionarios
- Eventuales acciones ante el Ministerio Público
IMPACTO Y PROYECCIÓN: ¿PELIGRA EL FUTURO DEL EVENTO?
Aunque aún no hay una resolución, el caso podría afectar directamente la continuidad del espectáculo de drones en la ciudad.
“No se trata de eliminar este tipo de eventos, sino de hacerlos bien, con control y transparencia”, afirmó Rojas.
UN CASO QUE ABRE UN DEBATE MAYOR
Más allá del espectáculo, el caso instala una discusión de fondo sobre el uso de recursos públicos, la fiscalización municipal y la adaptación del Estado a nuevas tecnologías.
La Contraloría ahora tendrá la última palabra. Y con ella, la posibilidad de esclarecer si se trató de simples errores administrativos o de una situación mucho más grave que compromete la confianza pública.
