Mientras Perú blinda la línea de la Concordia con presencia de las Fuerzas Armadas, autoridades de Arica exigen al Gobierno chileno transparentar los recursos del «Plan Escudo Fronterizo» y proponen una mesa diplomática con Venezuela para destrabar las miles de expulsiones pendientes.
La Región de Arica y Parinacota observa con atención y cautela el nuevo escenario en su frontera norte. El reciente decreto del Gobierno del Perú, que ordena el despliegue de militares en la zona de Tacna para frenar la migración irregular y el crimen organizado, ha reactivado las alarmas en las autoridades locales de Arica, quienes exigen que Chile pase de los anuncios a las acciones concretas.
Para los representantes de la región, el movimiento de las tropas peruanas no es solo una medida de seguridad del vecino país, sino un recordatorio de la vulnerabilidad que persiste en el lado chileno de la frontera.
Exigencia de plazos y recursos reales
El diputado por Arica y presidente de la Comisión de Zonas Extremas, Jorge Díaz, lideró las críticas hacia la gestión del «Plan Escudo Fronterizo» anunciado por La Moneda. Para el legislador, la estrategia chilena aún es «difusa» en comparación con la determinación mostrada por Lima.
«No entendemos la cantidad de recursos que implica ni tampoco las acciones que se van a desarrollar. Lo que requiere la ciudadanía son certezas, respuestas claras y un plan con plazos establecidos», señaló Díaz. El parlamentario fue tajante al afirmar que «la sola construcción de la zanja no es suficiente» y anunció que el coordinador de la macrozona norte deberá exponer ante el Congreso la consistencia real de la protección fronteriza en la región.
La oportunidad contra el crimen organizado
Desde otro ángulo, la diputada Stephanie Jeldrez ve el refuerzo militar peruano como un aliado estratégico para la seguridad de Arica. Para la parlamentaria, un mayor control en Tacna es, por defecto, un respiro para la puerta norte de Chile.
«Mientras más vigilancia exista entre las fronteras de los países vecinos, siempre va a ser mejor para la buena relación y para evitar que bandas de crimen organizado se sigan internando en la zona», afirmó Jeldrez, calificando la noticia como un alivio ante la amenaza de mafias transnacionales que utilizan los pasos no habilitados.
La vía diplomática: El factor Venezuela
Sin embargo, para el Gobernador de Arica, Diego Paco, la solución no puede ser únicamente militar. Paco advirtió que la historia se repite y que las medidas de emergencia en la frontera seguirán siendo insuficientes si no existe una gestión con el país de origen de la mayoría de los migrantes.
“La solución es que Chile y Perú se sienten en una mesa a dialogar y le pidan en conjunto a Venezuela restablecer relaciones diplomáticas para agilizar las expulsiones”, propuso el Gobernador. Según Paco, es vital que «Venezuela entre a la jugada» para que los procesos administrativos de expulsión dejen de ser simples papeles y se traduzcan en retornos efectivos.
Desafíos pendientes
El operativo peruano en la línea de la Concordia pone presión sobre la administración chilena, que enfrenta el desafío de demostrar que su estrategia no es solo reactiva. Las autoridades de Arica coinciden en que, sin un trabajo coordinado que incluya plazos, recursos claros y una gestión diplomática con Caracas, la presencia de uniformados será solo una medida paliativa ante una crisis que no deja de escalar.
