La Contraloría General de la República (CGR) presentó oficialmente RADAR (Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo), una nueva herramienta de carácter preventivo que identifica y alerta sobre altos riesgos en los procesos de la Administración del Estado. Su objetivo es detectar situaciones que podrían representar irregularidades en la gestión pública.
El primer reporte reveló que, entre enero de 2024 y mayo de 2025, municipios, Gobiernos Regionales (GORE) y la SUBDERE emitieron órdenes de compra con trato directo por más de $1 billón. Esto constituye un riesgo de que no se justifique el uso de esta modalidad excepcional, ya que no siempre concurrirían los supuestos fácticos y jurídicos que exige la ley.
Es así como Dorothy Pérez, contralora General de la República, señaló que “la herramienta tiene un enfoque de alerta temprana, orientado a advertir escenarios que, de no ser oportunamente gestionados, podrían derivar en conflictos de interés o en afectaciones a los principios de probidad e imparcialidad”.
ALERTAS POR POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS
Otra de las eventuales alertas se refiere a posibles vínculos entre funcionarios que intervienen en procesos de compra y proveedores de reciente constitución. Este escenario configura un riesgo potencial de conflicto de intereses, especialmente asociado a operaciones totales que superan los $889 millones.
El reporte busca que las autoridades edilicias, regionales y la SUBDERE adopten medidas de control más robustas y fortalezcan sus sistemas internos. La Contraloría enfatizó que estos antecedentes no establecen ni presumen la existencia de delitos, sino que actúan como una advertencia para prevenir situaciones que afecten la integridad de la gestión.
Finalmente, el organismo advirtió que, en aquellos casos en que las alertas se traduzcan en hechos concretos, estos podrán dar lugar a fiscalizaciones específicas. Estas acciones derivarán en la determinación de responsabilidades administrativas o, cuando corresponda, en denuncias ante el Ministerio Público conforme a la normativa vigente.
