En una ceremonia realizada esta mañana, el presidente José Antonio Kast firmó dos proyectos de ley diseñados para enfrentar la crisis de violencia y delincuencia al interior de los recintos educativos. Bajo la premisa de que «en la escuela tiene que mandar la autoridad», el Mandatario solicitó al Congreso legislar con máxima prontitud ante hechos que han conmocionado al país.
Si bien la problemática se ha arrastrado por años, el presidente José Antonio Kast manifestó: «Hay un antes y un después del asesinato de Victoria Reyes en Calama. Fue un desgarro, un dolor profundo en todas las comunidades escolares; no fue un ataque en una calle oscura, fue al interior de un lugar que todos suponemos seguro».
La primera iniciativa establece facultades para realizar la revisión de mochilas y pertenencias de estudiantes y docentes, buscando evitar el ingreso de elementos peligrosos. Además, se otorgará a los profesores la posibilidad de implementar medidas correctivas inmediatas. El mandatario enfatizó que no se puede normalizar el uso de drogas, armas o elementos incendiarios en los colegios.
RIGUROSAS SANCIONES Y PROHIBICIÓN DE CAPUCHAS
Uno de los puntos más drásticos es la inhabilitación a la gratuidad para quienes sean condenados por delitos graves contra personas o infraestructura. José Antonio Kast señaló que: «Un joven puede cometer una falta o un delito, y eso no tiene por qué condenarlo de por vida, en la medida que tenga la intención de recuperar su paz interior y su convivencia en la sociedad».
La normativa también exigirá que los estudiantes permanezcan con el rostro descubierto, prohibiendo el uso de capuchas o pasamontañas que impidan la identificación. El presidente agradeció a los ministros por los diálogos con los directores y vecinos, señalando que las familias chilenas hoy solo «claman porque se aplique la ley y volvamos a vivir en paz«.
Finalmente, el segundo proyecto busca modificar el Código Penal para instaurar una nueva agravante de responsabilidad. Esta se aplicará a cualquier delito cometido al interior o en las inmediaciones de un establecimiento educacional, endureciendo las penas para asegurar que las escuelas vuelvan a ser espacios de formación y no de impunidad.
