El gobierno anunció el ingreso de dos proyectos de ley destinados a enfrentar la creciente violencia en establecimientos educacionales, medidas que serán presentadas en el Congreso con carácter prioritario.
Las iniciativas, impulsadas por el Ministerio de Educación de Chile y el Ministerio de Seguridad, buscan reforzar el control en colegios y endurecer las sanciones frente a delitos cometidos en contextos escolares, en medio de un escenario marcado por hechos recientes de alta gravedad.
MEDIDAS DE CONTROL Y CAMBIOS EN BENEFICIOS
El primer proyecto, denominado “Escuelas Protegidas”, contempla una serie de acciones orientadas a fortalecer el orden en las aulas. Entre ellas, destaca la posibilidad de revisar mochilas y pertenencias tanto de estudiantes como de docentes, con el objetivo de evitar el ingreso de objetos peligrosos.
Además, la iniciativa propone que quienes sean condenados por delitos graves no puedan acceder al beneficio de gratuidad en la educación superior, incorporando este requisito como una nueva condición para optar a dicho apoyo estatal.
También se incluyen normas sobre vestimenta, como la prohibición de prendas o accesorios que impidan identificar el rostro o que hagan apología a la violencia o conductas delictivas, salvo en casos justificados.
FACULTADES A DOCENTES Y ENDURECIMIENTO PENAL
Otro de los puntos clave del proyecto es el fortalecimiento del rol docente. Se busca otorgar mayores atribuciones a profesores para aplicar medidas disciplinarias inmediatas, como expulsiones de clases o suspensiones, con el fin de asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares.
Asimismo, se contemplan sanciones para acciones que interrumpan el funcionamiento de los establecimientos, incluyendo episodios que obliguen a suspender clases. En paralelo, el segundo proyecto apunta a modificar el Código Penal de Chile, estableciendo agravantes para delitos cometidos al interior de recintos educacionales, lo que implicaría castigos más severos.
Ambas propuestas serán firmadas por el Ejecutivo en Palacio de La Moneda, marcando un giro hacia medidas más estrictas frente a la violencia escolar.
