Un caso que golpea directamente la confianza en una de las instituciones más valoradas del país quedó al descubierto en Iquique. La Fiscalía formalizó al ex presidente del Consejo Regional de Bomberos de Tarapacá por una millonaria estafa que supera los $800 millones, en una investigación que revela un presunto esquema sostenido de adjudicaciones irregulares y uso indebido de recursos.
El imputado, identificado como Fernando Ruiz Moraga, enfrenta cargos por estafa y administración desleal, tras detectarse que habría utilizado su posición de poder para beneficiar empresas vinculadas a su entorno directo, generando un perjuicio económico que alcanza los $861 millones.
UN ESQUEMA QUE OPERÓ POR AÑOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN
Los antecedentes, expuestos por el fiscal de delitos económicos Juan Zepeda, apuntan a un mecanismo que se habría extendido desde 2017 hasta su destitución, periodo en el cual el imputado habría actuado aprovechando su doble rol: líder regional de Bomberos y miembro del directorio nacional.
Según la investigación, Ruiz Moraga habría manipulado procesos de adjudicación para favorecer a empresas en las que tenía participación o vínculos, las que simulaban competir entre sí para aparentar legalidad en los procesos.
Este mecanismo permitió que más de diez proyectos fueran asignados bajo condiciones irregulares, incluyendo iniciativas destinadas a reparaciones de compañías y adquisición de insumos esenciales para la operación de Bomberos en la región.
Pero lo más grave no es solo la adjudicación: se detectaron obras con sobreprecios, ejecuciones parciales, trabajos deficientes e incluso proyectos que derechamente no se realizaron.
EMPRESAS RELACIONADAS Y PERJUICIO MILLONARIO
La indagatoria identificó al menos cuatro empresas involucradas directamente en la trama: All Global Services, Ingeniería y Construcción JCL Ltda., Sociedad Constructora Puchuldiza Ltda. y Servicios Cristian Rosas.
Estas firmas, según la Fiscalía, no solo estaban vinculadas al imputado, sino que además fueron utilizadas como vehículos para canalizar recursos públicos, en procesos que aparentaban ser competitivos, pero que en la práctica estaban direccionados.
El resultado fue un impacto económico significativo: un perjuicio total de $861.800.816 para el Consejo Regional de Bomberos de Tarapacá, cifra que refleja la magnitud del daño institucional.
El caso salió a la luz tras una auditoría interna realizada en 2022, que permitió detectar inconsistencias y activar la investigación penal, posteriormente reforzada con peritajes contables de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
MEDIDAS CAUTELARES Y UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO
Durante la audiencia de formalización —en la que la Junta Nacional de Bomberos participó como querellante—, el tribunal acogió parte de los argumentos del Ministerio Público y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para el imputado.
Además, se estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el que la Fiscalía buscará profundizar en la estructura del presunto fraude y determinar posibles responsabilidades adicionales.
El caso no solo abre un flanco judicial, sino también institucional. Cuando las irregularidades alcanzan a organismos como Bomberos, el impacto trasciende lo económico y golpea directamente la confianza pública. Hoy, la investigación recién comienza. Pero lo que ya está claro es que el daño no se mide solo en millones, sino en credibilidad.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN: De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad. Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
