El Gobierno de José Antonio Kast ejecutó una profunda reestructuración en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, tras concretar la salida de varias de sus principales autoridades, lo que ha generado cuestionamientos y alertas sobre el futuro de una de las políticas más emblemáticas en materia de derechos humanos impulsadas por la administración anterior.
La decisión fue oficializada mediante un documento firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien puso término anticipado a la designación de Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos y figura clave en la implementación del plan creado durante el gobierno de Gabriel Boric en 2023.
DESMANTELAMIENTO DE LA CÚPULA DEL PROGRAMA
La salida de Zamorano no fue un hecho aislado. También fueron desvinculadas Tamara Lagos, encargada del área de archivos e investigación documental, y Magdalena Garcés, responsable del área de búsqueda y trayectorias, además de Marcelo Orellana, ligado a funciones administrativas en la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Se trata de cargos estratégicos dentro del programa, lo que ha sido interpretado como un golpe directo a la estructura que sostenía el plan desde su creación, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Desde el Ejecutivo, la determinación fue atribuida a la falta de confianza y a la necesidad de alinear los equipos con una nueva etapa, liderada por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. Según el documento oficial, Zamorano no cumplía con el perfil requerido para los nuevos lineamientos, enfatizando que su rol exigía una relación directa y de plena confianza con la autoridad.
GOBIERNO DEFIENDE CAMBIOS, PERO CRECE LA POLÉMICA
A pesar del impacto de las desvinculaciones, el Gobierno insistió en que el Plan Nacional de Búsqueda seguirá en marcha, asegurando que los cambios responden a ajustes de gestión dentro de un equipo más amplio, compuesto por decenas de funcionarios.
Asimismo, desde la Subsecretaría se recalcó que las medidas se adoptaron bajo criterios de capacidad, liderazgo y uso eficiente de los recursos públicos, además de señalar que otros funcionarios en cargos de confianza ya habían presentado su renuncia anteriormente.
Sin embargo, la magnitud de las salidas ha instalado dudas sobre la continuidad real del programa, cuyo objetivo es esclarecer las circunstancias de desaparición forzada y dar respuesta a las familias de las víctimas, en cumplimiento de compromisos internacionales del Estado.
En este contexto, se espera la llegada de nuevas autoridades —entre ellas la abogada Constanza Garrido— en medio de un escenario marcado por incertidumbre, tensión política y cuestionamientos sobre el rumbo que adoptará la política de derechos humanos bajo la actual administración.
