Consejeros regionales de Arica y Parinacota exigieron al Estado medidas urgentes ante el aumento de accidentes en la Ruta 11-CH, donde ya se registran 13 siniestros este año —la mayoría protagonizados por camiones bolivianos—, advirtiendo riesgos para la seguridad vial y el medioambiente.
La preocupación dejó de ser silenciosa y se transformó en un llamado urgente: autoridades regionales encendieron las alarmas tras una seguidilla de accidentes en la peligrosa Ruta Internacional 11-CH, un corredor estratégico que conecta Chile con Bolivia, y que hoy vuelve a estar en el centro de la polémica por su alto nivel de riesgo.
En una reciente Mesa de Seguridad Vial, convocada para enfrentar la crisis, los integrantes del Consejo Regional (CORE) de la zona fueron categóricos: lo que ocurre en esta ruta ya no puede tratarse como un problema local, sino como una responsabilidad directa del Estado chileno.
CIFRAS QUE PREOCUPAN: UNA RUTA AL LÍMITE
Los números expuestos en la instancia encendieron todas las alertas. En lo que va del año, se han registrado al menos 13 accidentes protagonizados por camiones en la Ruta 11-CH, de los cuales 11 corresponden a vehículos con patente extranjera, principalmente de Bolivia.
La frecuencia de estos siniestros no solo preocupa por la seguridad vial, sino también por el impacto acumulativo en comunidades, infraestructura y ecosistemas.
“UN PROBLEMA DE ESTADO”: LA EXIGENCIA DEL CORE
Desde el CORE de Arica y Parinacota, la postura fue clara y transversal: la magnitud del problema exige decisiones estructurales y coordinación a nivel central.
El consejero Oscar Pantoja fue uno de los más críticos, apuntando directamente a las condiciones en que operan transportistas internacionales:
“Estamos viendo con preocupación cómo se afecta tanto a las comunidades como al entorno natural. Hay diferencias evidentes en exigencias y estándares que deben ser abordadas”, planteó.
Además, puso sobre la mesa la necesidad de revisar acuerdos históricos que regulan el tránsito internacional, abriendo un debate de mayor alcance político y diplomático.
IMPACTO AMBIENTAL: UN ECOSISTEMA EN RIESGO
Sin embargo, la crisis no es solo vial. Consejeros como Lorena Ventura y Cristian Villanueva advirtieron sobre las consecuencias ambientales de los accidentes, particularmente en zonas de alto valor ecológico.
Derrames de combustibles y sustancias químicas han sido reportados en sectores sensibles, afectando directamente la Reserva de la Biosfera Lauca y ecosistemas asociados, como bofedales y vertientes que alimentan el Valle de Lluta.
El riesgo, advierten, es irreversible si no se actúa con rapidez.
PROPUESTAS SOBRE LA MESA: MEDIDAS URGENTES
Ante este escenario, los consejeros no solo plantearon críticas, sino también propuestas concretas para frenar la crisis:
- Implementación de inhibidores o limitadores de velocidad en camiones
- Mayor fiscalización técnica a vehículos de carga internacional
- Revisión de requisitos para conductores extranjeros
- Evaluación del uso del ferrocarril Arica-La Paz como alternativa logística
- Incremento de inversión en seguridad vial e infraestructura
Estas medidas buscan reducir la presión sobre la ruta y prevenir nuevos accidentes en un trazado que combina altura, curvas complejas y condiciones climáticas adversas.
UNA RUTA CLAVE, PERO PELIGROSA
La Ruta 11-CH no es cualquier camino: se trata de un eje estratégico para el comercio internacional, especialmente para Bolivia, que utiliza el puerto de Arica como salida natural al océano Pacífico.
Sin embargo, su relevancia económica contrasta con su historial de accidentes, lo que le ha valido el apodo de “Ruta de la Muerte” entre transportistas y autoridades locales.
EL DESAFÍO: EQUILIBRAR COMERCIO Y SEGURIDAD
El debate que se abre es complejo: ¿cómo mantener el flujo comercial sin poner en riesgo vidas humanas ni el medioambiente?
Para el CORE, la respuesta pasa por una mayor intervención estatal, regulaciones más estrictas y una visión integral que incluya infraestructura, fiscalización y acuerdos internacionales.
