La escena se repite, pero con nuevos protagonistas y mayores costos políticos. El director general de la PDI, Eduardo Cerna, vuelve a quedar en el centro de una crisis que tensiona al gobierno, esta vez marcada por el denominado caso Steinert, una trama que mezcla decisiones administrativas, vínculos previos y dudas sobre eventuales presiones.
De acuerdo con la investigación publicada por Ex-Ante, el episodio ha ido escalando con el paso de los días, dejando en evidencia contradicciones en las explicaciones entregadas por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ha intentado cerrar el tema, pese a que siguen surgiendo nuevos antecedentes.
El conflicto estalló tras la abrupta salida de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia de la PDI y tercera en la jerarquía institucional, cuya trayectoria de más de tres décadas no evitó su desvinculación en medio de una polémica reestructuración.
UNA CRISIS QUE CRECE Y LLEGA A LA MONEDA
Aunque públicamente se ha intentado bajar el perfil, el caso sigue abriendo flancos tanto en el ámbito político como institucional. Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que Cerna sostenga una reunión con el Presidente José Antonio Kast.
De concretarse ese encuentro en La Moneda, sería leído como una señal directa de desconfianza hacia la versión de la ministra, quien ha insistido en que la decisión de remover a Peña fue exclusivamente del director de la PDI.
En paralelo, la Contraloría se encuentra revisando la legalidad del oficio enviado por Steinert el 15 de marzo, donde solicitó un informe detallado sobre el traslado de funcionarios que trabajaron con ella cuando era fiscal en Iquique.
A esto se suma la citación de Cerna al Congreso el próximo 6 de abril, instancia donde deberá responder si actuó por decisión propia o si existieron presiones desde el Ministerio de Seguridad. Su declaración podría ser clave para el futuro político de la ministra.
EL ORIGEN: TRASLADOS, VÍNCULOS Y DESCONFIANZAS
En el corazón del conflicto aparece el nombre del subprefecto Mauricio Fuentes, un funcionario con amplia trayectoria en operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado, y que además mantenía una relación profesional cercana con Steinert desde su etapa como fiscal en Iquique.
Fue precisamente su traslado, junto al de otros funcionarios, lo que encendió las alertas de la entonces persecutora, quien manifestó su preocupación incluso antes de asumir como ministra. Ya en el cargo, insistió formalmente solicitando antecedentes a la PDI, lo que abrió cuestionamientos sobre un eventual conflicto de interés.
El informe que respondió Consuelo Peña resultó determinante. En él se cuestionaba el perfil de Fuentes y se apuntaban fallas en la planificación de un operativo clave, antecedentes que, lejos de cerrar el tema, profundizaron la tensión interna.
Poco después, Peña dejó su cargo, dando paso a una crisis que rápidamente escaló al plano político.
EL CASO CLAN CHEN: EL TRASFONDO DE LA CONTROVERSIA
Detrás de esta disputa está uno de los operativos más relevantes de los últimos años: el desmantelamiento del Clan Chen, una red criminal internacional que operaba desde la Zona Franca de Iquique y que logró estafar más de 200 millones de dólares a víctimas, principalmente en Estados Unidos.
La investigación, que involucró a cientos de detectives y múltiples allanamientos, se vio tensionada por cambios en los equipos policiales en una etapa clave, lo que generó cuestionamientos desde la Fiscalía. El traslado de funcionarios en medio de este proceso fue el detonante del conflicto, que hoy tiene repercusiones mucho más amplias que el propio caso policial.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
Para Cerna, este episodio no es completamente nuevo. En 2024 ya había enfrentado una crisis similar durante el caso Monsalve, cuando su rol fue cuestionado en medio de versiones cruzadas dentro del gobierno. En ese entonces, optó por respaldar la postura oficial del Ejecutivo, lo que le permitió sostenerse en el cargo, aunque no sin costos.
Hoy, el escenario parece más complejo. La presión política es mayor, los actores involucrados tienen peso propio y las definiciones podrían escalar hasta el Presidente.
En este contexto, la declaración de Cerna ante el Congreso y una eventual reunión en La Moneda aparecen como momentos decisivos, en una crisis que no solo pone a prueba su liderazgo, sino también la estabilidad del equipo de seguridad del gobierno.
