A poco de iniciado el nuevo gobierno, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tomó una de sus primeras decisiones relevantes: retirar el reglamento que permite aplicar la Ley de Seguridad Municipal, pieza fundamental para habilitar el uso de pistolas taser por parte de inspectores municipales.
La medida se enmarca en un proceso más amplio, ya que siete decretos fueron retirados desde la Contraloría para ser revisados por la actual administración. Según explicaron desde la cartera, estos documentos habían sido ingresados en los últimos días del gobierno anterior, por lo que se consideró necesario reevaluarlos antes de su implementación.
Este ajuste ocurre en el contexto del inicio del mandato del Presidente José Antonio Kast, quien ha puesto la seguridad como uno de los pilares de su gestión. En esa línea, el Ministerio de Seguridad comenzó a reordenar normativas heredadas, lo que ha implicado pausar avances que ya estaban en curso.
UNA DECISIÓN QUE ABRE DEBATE
El retiro del reglamento de Seguridad Municipal genera especial atención, ya que sin esta normativa no es posible concretar el uso de armas inmovilizadoras, pese a que la ley ya lo contempla. Esto podría traducirse en retrasos en su entrada en vigencia, prevista para los próximos meses.
Desde el entorno de la ministra Steinert sostienen que la decisión apunta a mejorar el contenido del reglamento, debido a que no habría incorporado la visión de los municipios, actores clave en su ejecución. Por ello, actualmente se trabaja en una nueva propuesta junto a autoridades locales.
MÁS NORMAS BAJO REVISIÓN
La revisión no se limita a este caso. También quedaron en pausa iniciativas como el Sistema de Identificación Balística, regulaciones internas del ministerio y normas relacionadas con el funcionamiento de las policías.
A esto se suman ajustes a la Ley de Seguridad Privada, que regula a empresas y guardias en espacios como malls y estadios, además de disposiciones técnicas sobre salud e invalidez en Carabineros.
Aunque el Ejecutivo recalca que los reglamentos serán reingresados tras su revisión, desde sectores ligados a la administración anterior advierten que esta pausa podría afectar el ritmo de implementación de políticas clave en seguridad, en un momento en que la ciudadanía exige respuestas rápidas frente a la delincuencia.
