Con el inicio del juicio oral contra siete acusados, la Unidad de Alta Complejidad reveló cómo funcionarios públicos, sus cónyuges y empresarios montaron un sistema de pagos ilícitos y subcontrataciones fraudulentas para apropiarse de millonarios fondos destinados a obras viales en la región.
Este lunes, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica dio el vamos a la presentación de pruebas en uno de los juicios por corrupción pública más significativos de los últimos años. La investigación, que se remonta a 2023, pone al descubierto una sofisticada red enquistada en la Dirección Regional de Vialidad, donde la fiscalización de obras públicas tenía un precio: el soborno.
El Modus Operandi: La «Caja Pagadora» de la Obra Pública
Según la indagatoria dirigida por la Fiscalía y la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, tres funcionarios de Vialidad habrían transformado su rol de fiscalizadores en un negocio personal. A cambio de aprobar estados de pago y manipular informes de cumplimiento, recibían millonarias sumas de dinero por parte de constructoras locales.
La red no solo se limitaba a recibir «coimas» directas. El Ministerio Público detalló el uso de empresas fachada para triangular dineros estatales. Un ejemplo crítico es la sociedad DELMEDH SPA, conformada por la fiscalizadora L.M.H. y su cónyuge C.D.H. ### Los Casos Emblemáticos: Guillermo Sánchez y el Valle de Azapa Durante el juicio se ventilarán hechos que rayan en el descaro administrativo:
- Calle Guillermo Sánchez: El matrimonio imputado se adjudicó una obra de pavimentación menor por casi $50 millones de pesos. Sin embargo, subcontrataron a una tercera empresa que hizo el trabajo real por solo $32 millones. La diferencia de $17,6 millones quedó en los bolsillos de la pareja, todo bajo el visto bueno del fiscalizador general del contrato, G.L.F., quien actuaba como cómplice.
- Ruta A-27 (Valle de Azapa): Repitieron la fórmula en el acceso al valle. La empresa fachada se adjudicó trabajos por $86,6 millones, pero subcontrató a otra firma por solo $35,5 millones. En esta pasada, los acusados se repartieron un «botín» de $51,1 millones.
Lavado de Activos y Cónyuges Cómplices
El esquema incluía maniobras para ocultar el rastro del dinero. Ejecutivos de la Empresa San Felipe realizaban transferencias directamente a las cuentas de las esposas de los inspectores de Vialidad para disimular el origen ilícito de los fondos, configurando el delito de lavado de activos.
Hasta la fecha, la investigación ya suma seis condenados en procedimientos abreviados previos, lo que valida la contundencia de las pruebas que ahora enfrentarán los siete acusados restantes en este juicio oral.
La Ofensiva Jurídica
La Fiscalía presentará una nutrida batería de pruebas que incluye:
- Declaraciones de peritos contables y funcionarios policiales.
- Prueba documental de transferencias y contratos ideológicamente falsos.
- Testimonios clave que vinculan a las constructoras con los pagos indebidos.
Los siete imputados enfrentan cargos por fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos, delitos que, dada su reiteración y gravedad, podrían derivar en altas penas de cárcel efectiva.
