Pese a la captura en flagrancia por daños a la estructura histórica en la Plaza 21 de Mayo, la Fiscalía determinó dejar en libertad a las tres mujeres involucradas. Personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos se hizo presente en el recinto policial durante el procedimiento.
Un giro administrativo tomó el procedimiento policial derivado de las manifestaciones del 8 de marzo en Iquique. Las tres mujeres que habían sido detenidas por Carabineros, tras ser sorprendidas realizando rayados en la base del Monumento a Arturo Prat, fueron puestas en libertad por instrucción del fiscal de turno pocas horas después de su arresto.
Intervención del INDH en la unidad policial
El proceso de detención estuvo marcado por la llegada de representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a la unidad policial donde permanecían las manifestantes. Según trascendió, el organismo concurrió para velar por el estado de las detenidas y supervisar el cumplimiento de los protocolos legales, acción que fue calificada por sectores de la comunidad como una intervención para «agilizar» su salida.
Tras la revisión de los antecedentes y la naturaleza de los daños —los cuales fueron mitigados casi de inmediato por un grupo de mujeres voluntarias que limpiaron la pintura fresca—, el Ministerio Público determinó que las imputadas no pasaran a control de detención inmediato, quedando en libertad a la espera de ser citadas por la justicia.
Los hechos y el rastro de daños
Cabe recordar que la detención se produjo luego de que las cámaras y el personal policial detectaran intervenciones con pintura y consignas en la histórica estructura de la Plaza 21 de Mayo.
Reacción ciudadana
La liberación de las involucradas ha generado un intenso debate en redes sociales y entre los transeúntes del sector, especialmente luego de que se viralizara el gesto de las voluntarias que, con recursos propios, rescataron el monumento antes de que la pintura se secara. Mientras algunos defienden el derecho a la manifestación, otros critican la falta de sanciones efectivas ante el daño a monumentos nacionales y la intervención de organismos de derechos humanos en delitos de daños públicos.
