El conflicto se originó luego de que la licitación fuera adjudicada inicialmente a Greeven SpA, empresa que aceptó la orden de compra emitida por el municipio, configurándose así un acuerdo contractual válido.
Posteriormente, tras un reclamo presentado por otro oferente, la municipalidad decidió dejar sin efecto dicha adjudicación argumentando supuestas irregularidades en las firmas contenidas en la oferta de la empresa ganadora. Sin embargo, el Tribunal concluyó que no se logró acreditar que las firmas fueran manipuladas o falsificadas, determinando que correspondían a firmas electrónicas válidas conforme a la Ley N°19.799.
Asimismo, el organismo jurisdiccional estableció que la Municipalidad actuó fuera de sus atribuciones al readjudicar el contrato sin que se dieran las causales permitidas por las bases de licitación, como el desistimiento del adjudicatario o la negativa a firmar el contrato.
El fallo subrayó que el municipio debió iniciar un procedimiento formal de invalidación administrativa, de acuerdo con la Ley N°19.880, garantizando el debido proceso y el derecho a defensa de la empresa afectada, lo que no ocurrió.
CONTRATO EJECUTADO Y POSIBLE INDEMNIZACIÓN
Pese a declarar ilegal la actuación municipal, el Tribunal no ordenó retrotraer el proceso licitatorio, debido a que el contrato con la empresa que finalmente ejecutó el servicio ya fue cumplido en su totalidad y las cajas familiares fueron distribuidas como ayuda social.
No obstante, la resolución reconoció expresamente que Comercializadora Greeven SpA podrá ejercer acciones judiciales para exigir indemnización por los perjuicios ocasionados, abriendo un nuevo escenario legal para la Municipalidad de Colchane.
El fallo recalcó que una orden de compra aceptada constituye un contrato válido, el cual no puede ser dejado sin efecto de manera unilateral por la autoridad comunal sin respaldo jurídico.
IMPACTO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL
La sentencia marca un precedente relevante en materia de compras públicas, reforzando la obligación de las municipalidades de respetar estrictamente las bases de licitación, la normativa vigente y los principios de legalidad y transparencia.
El caso instala un nuevo foco de atención sobre los procesos administrativos en la comuna de Colchane, donde el Tribunal enfatizó que las decisiones adoptadas sin procedimientos formales pueden generar consecuencias económicas para los municipios y responsabilidades patrimoniales para el Estado.
La resolución no solo cuestiona la legalidad del actuar municipal, sino que abre la puerta a un eventual pago de indemnizaciones con recursos públicos, producto de una decisión administrativa declarada arbitraria.
