Fondos asignados para el apoyo psicológico de damnificados por el megaincendio terminaron financiando uniformes y logística. Mientras las listas de espera en psiquiatría suben un 46%, parlamentarios acusan negligencia y una «falta de sensibilidad» extrema.
Una grave denuncia sacude la gestión del Ministerio de Salud (Minsal) en relación con la recuperación tras el devastador megaincendio de la Región de Valparaíso. Pese a que la cartera recibió $370 millones en 2024 específicamente para brindar apoyo psicosocial a las víctimas, los recursos fueron redirigidos a fines operativos ajenos a la salud mental.
Según registros oficiales revelados por The Clinic, el dinero proveniente del Fondo de Emergencia Transitoria (FET) no financió terapias ni contención emocional, sino que se utilizó para costear insumos médicos, uniformes, equipamiento para el SAMU y servicios logísticos.
Cifras críticas: Listas de espera al alza
El impacto de esta decisión administrativa tiene un reflejo directo en el bienestar de la población afectada. Mientras los fondos se desviaban a gastos operativos, los indicadores de salud mental en la zona sufrieron un deterioro alarmante:
- Aumento en listas de espera: La demanda insatisfecha por atención en psiquiatría creció un 46,1%.
- Baja ejecución: Un informe del Minvu a marzo de 2025 reveló que la ejecución total del FET alcanza apenas un 5,6%, evidenciando un estancamiento generalizado en la reconstrucción.
- Secuelas emocionales: Miles de habitantes continúan sin recibir la ayuda estatal comprometida para procesar el trauma de la catástrofe.
Duras reacciones en el Congreso
Desde el mundo político, la respuesta fue inmediata. La diputada Ximena Ossandón (RN) fustigó la «tónica» de desviar fondos específicos: “Los destinos de las platas, si se hacen para una cosa tan específica como eso, para eso deben ser”, señaló, exigiendo la intervención de organismos fiscalizadores.
Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC) calificó la situación como una «negligencia» y una muestra de falta de sensibilidad. El parlamentario cuestionó duramente que se privilegiaran compras de equipamiento por sobre la contención emocional de quienes perdieron todo en el fuego, solicitando una investigación profunda para determinar responsabilidades administrativas.
Esta nueva controversia pone en duda la capacidad del Gobierno para cumplir con los planes de salud mental en contextos de catástrofe, justo cuando los afectados denuncian un abandono sistémico tras la tragedia.
