El Gobierno anunció una serie de medidas urgentes tras nuevos casos de liberación indebida de internos, situación que ya suma ocho episodios similares en el último año en distintas regiones del país.
La instrucción fue comunicada por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, luego de una reunión de emergencia sostenida con los altos mandos de Gendarmería de Chile, donde se resolvió suspender las vacaciones de las jefaturas mientras se revisan los procedimientos internos.
Entre los casos más recientes se registraron liberaciones erróneas en la Región Metropolitana y Valparaíso, lo que encendió las alarmas en el Ministerio de Justicia.
MEDIDAS INMEDIATAS Y CAMBIO DE PROTOCOLOS
Desde la cartera se informó que se reforzará el sistema de control interno mediante la aplicación obligatoria de una doble revisión en cada orden de libertad, sin excepciones.
Además, el procedimiento será modificado para que exista constancia escrita del proceso de verificación, buscando evitar nuevas fallas administrativas. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, ya ejecutó la destitución de los funcionarios involucrados, mientras se desarrollan los sumarios administrativos correspondientes.
Según explicó el subsecretario, la responsabilidad no recaerá únicamente en quienes tramitaron las libertades erróneas, sino también en las jefaturas que no ejercieron el control adecuado.
INVESTIGACIÓN PENAL Y RESPALDO INSTITUCIONAL
Paralelamente, el Gobierno presentará una denuncia ante el Ministerio Público para determinar si los hechos pueden constituir delitos más graves. La indagatoria buscará establecer si existió negligencia grave, concertación o intención deliberada en la liberación de los reos.
Pese a la crisis, el Ejecutivo expresó su respaldo al director nacional de Gendarmería, señalando que se están fortaleciendo las instrucciones internas para que estas medidas lleguen a todos los funcionarios que tienen contacto directo con los internos.
Asimismo, se anunció una nueva reunión de evaluación para el lunes 16 de febrero, con el fin de verificar que las órdenes se estén aplicando en cada unidad del país.
Desde el Gobierno se enfatizó que no se tolerarán nuevos errores y que el sistema penitenciario debe cumplir estrictamente con su deber legal de resguardar la seguridad pública.
