Tras una intensa jornada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la justicia determinó suspender la audiencia de formalización de los cinco detenidos por el Caso ProCultura, quienes enfrentan cargos por el delito de fraude al fisco consumado. A pesar de la interrupción, el tribunal dictó medidas cautelares provisorias que obligan al psiquiatra y fundador de la organización, Alberto Larraín, a permanecer recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber hasta que se retome la instancia judicial este domingo.
Es así como, respecto a la presunta malversación de fondos públicos que originó la investigación, el ente persecutor apunta a irregularidades en millonarias transferencias desde el GORE Metropolitano. El fiscal regional de Antofagasta, Cristián Aguilar, manifestó que se indaga el traspaso de 1.600 millones de pesos destinados al programa de prevención del suicidio «Quédate». La fiscalía sostuvo que la fundación no contaba con las características técnicas para ejecutar dicho plan y que el contrato se habría amparado en la cercanía entre Larraín y el gobernador regional.
En cuanto a la situación del resto de los imputados y su participación en la estructura de la fundación, el tribunal ordenó el ingreso de las mujeres involucradas a recintos penales. Pablo Toloza, abogado querellante en representación de la UDI, manifestó que existen antecedentes de sobra para aplicar la máxima cautelar, “están los antecedentes suficientes para la prisión preventiva; en esta etapa procesal está acreditado el delito, la participación de ellos y existe una necesaria cautela”.
Por su parte, la defensa de los acusados desestimó las imputaciones de fraude y cuestionó la forma en que se presentaron las pruebas ante el tribunal. El abogado Cristián Arias, representante legal de Alberto Larraín, manifestó que los cargos carecen de sustento jurídico. El defensor sostuvo de manera categórica que “Alberto Larraín no ha cometido ningún fraude al fisco, eso no tiene sentido”, asegurando que el psiquiatra es inocente de los delitos que se le atribuyen en esta investigación.
Finalmente, el tribunal dispuso que María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme cumplan reclusión en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, mientras que Gabriel Prado quedó bajo arresto domiciliario total. La audiencia de formalización, que fue declarada reservada y sin transmisión pública, se reprogramó para mañana domingo 1 de febrero a las 11:00 horas, instancia donde se conocerá si se acoge la solicitud de prisión preventiva para todos los implicados.
