Tras más de dos años de investigación, la Fiscalía presentó su acusación formal contra Luis Hermosilla, imputándole graves delitos de corrupción y solicitando una condena que podría superar la década de presidio, en uno de los procesos judiciales más impactantes desde el retorno a la democracia.
En el Chile de 2026, pocas historias han sacudido tanto al sistema judicial, político y mediático como el caso del abogado Luis Hermosilla. Lo que comenzó con una grabación filtrada en 2023 se ha transformado en una investigación monumental que ha expuesto redes de influencias, presuntos sobornos, funcionarios públicos implicados, y una solicitud de hasta 14 años de cárcel por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, consolidando uno de los escándalos de corrupción más resonantes de la última década.
El audio que lo cambió todo
El 14 de noviembre de 2023, la investigación conocida como “Caso Audios” estalló cuando una grabación secreta —publicada por Ciper Chile— puso en la mira al reconocido penalista Luis Hermosilla, junto a la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. El audio, registrado en junio de ese año, revelaba conversaciones sobre supuestos pagos ilícitos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a cambio de información privilegiada y gestiones indebidas.
Lo que para muchos fue una filtración rocambolesca, para la Fiscalía Metropolitana Oriente fue el inicio de un proceso penal que hoy roza la culminación de la investigación y da paso a la acusación formal en contra de Hermosilla.
La Fiscalía cierra la investigación y pide cárcel
Tras más de dos años de pesquisas, el Ministerio Público decidió cerrar la investigación del Caso Audios y presentar formalmente la acusación penal contra Hermosilla y otros implicados ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En ese documento, la fiscal Lorena Parra —a cargo de la causa— solicitó penas que reflejan la gravedad de los delitos que se le imputan: hasta 14 años de prisión efectiva para Luis Hermosilla por cargos que incluyen cohecho (soborno) y lavado de activos, entre otros ilícitos.
La Fiscalía pidió también:
- 20 años de cárcel para el empresario Daniel Sauer,
- 18 años de cárcel para la abogada Leonarda Villalobos,
- Y diversas sanciones para otros acusados, entre ellos Álvaro Jalaff, todos en el mismo expediente ampliado.
La acusación detalla que, además de las reuniones y pagos cuestionados, existe evidencia suculenta de una red organizada para influir en decisiones públicas y favorecer intereses privados, lo que ha profundizado la gravedad de la imputación.
Los primeros días del escándalo y cargos que pesan
Desde agosto de 2024, Hermosilla fue formalizado en el marco del “Caso Audio” ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde se le consultó si entendía los cargos; él respondió con dureza:
“Los comprendo y el Ministerio Público miente severamente.”
Ese mismo mes, la Fiscalía solicitó prisión preventiva y Hermosilla fue ingresado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, una cárcel especializada en delitos económicos donde han permanecido también otros imputados del caso.
En paralelo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal, acusando que el abogado habría “escondido” ingresos a través de declaraciones tributarias falsas desde al menos 2020, generando un perjuicio fiscal estimado en más de 800 millones de pesos.
Red política y judicial: el impacto del caso
Más allá de Hermosilla, el caso dejó una estela de implicaciones entre figuras de poder. Documentos y chats incautados por la Fiscalía consignan contactos con ministros y jueces, desnudando una red que involucra desde funcionarios del SII hasta magistrados que supuestamente compartían información sensible con el abogado.
Los efectos se sintieron incluso en los más altos niveles del Poder Judicial: el Senado aprobó la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, acusándolo de irregularidades vinculadas al caso y destituyéndolo de su cargo, un hecho inédito que refleja la magnitud del impacto político y judicial que ha tenido esta investigación.
Un proceso que divide opiniones
Mientras la Fiscalía y los querellantes empujan por sanciones ejemplares, la defensa de Hermosilla ha cuestionado la investigación con declaraciones duras: él y sus abogados han argumentado que la filtración de audios y chats violó principios legales, y han presentado recursos cuestionando cómo se manejaron las pruebas.
Durante el proceso, la defensa incluso presentó una querella contra Leonarda Villalobos, acusándola de haber traicionado “los principios legales y éticos que rigen la profesión” al grabar la conversación que detonó toda la investigación.
Estado actual del proceso
A comienzos de 2026, y tras la presentación formal de la acusación, todo indica que la causa entrará en su fase de juicio oral, donde se evaluarán testimonios, evidencias documentales, registros telefónicos incautados y la sólida acusación del equipo liderado por la fiscal Lorena Parra. El cierre de la investigación ha sido descrito por fiscales como un paso clave para avanzar decididamente hacia un desenlace que podría redefinir jurisprudencia en casos de corrupción y tráfico de influencias en Chile.
La sombra de este proceso sigue extendiéndose, con múltiples audiencias agendadas y recursos cruzados entre defensa y Ministerio Público. Para Hermosilla, un abogado que alguna vez estuvo entre los más influyentes del país, la posibilidad de cumplir hasta 14 años de presidio efectivo marca un punto de quiebre histórico en una carrera jurídica que combinó casos emblemáticos con acusaciones que hoy lo colocan en el banquillo más oscuro de la justicia chilena.
