Una investigación de Ciper Chile reveló que grandes grupos económicos, como Quiborax y Camanchaca, accedieron a millonarios beneficios estatales destinados a zonas extremas, aun cuando la ley los excluye explícitamente. El historial incluye daño ambiental irreparable y el fantasma del financiamiento ilegal de la política.
Un nuevo capítulo de una profunda investigación sobre el uso de recursos públicos ha puesto en jaque la fiscalización de la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio de Impuestos Internos (SII). Se reveló que un grupo de empresas mineras y pesqueras recibió un total de $6.717 millones en subsidios a la mano de obra entre 2004 y 2023, infringiendo la Ley N°19.853.
Dicha normativa es clara: excluye del beneficio a las mineras con más de 100 trabajadores y a las pesqueras dedicadas a la «pesca reductiva» (producción de harina y aceite de pescado). Sin embargo, gigantes de la industria lograron sortear estas barreras legales.
Mineras en la mira: El caso Quiborax
La empresa Quiborax, ligada a la familia Fosk, es la principal beneficiaria con $3.575 millones recibidos, a pesar de contar permanentemente con una dotación superior a los 100 operarios. Lo indignante del caso es que la empresa obtuvo estos fondos mientras enfrentaba una demanda por daño ambiental irreparable en el Salar de Surire y mantenía operaciones cuestionadas en zonas declaradas Monumento Natural.
Otras mineras beneficiadas irregularmente incluyen a ACF Nitratos (familia De Urruticoechea), Cosayach (Grupo Errázuriz) e Imerys Minerales, sumando entre ellas cientos de millones de pesos en subsidios que, por ley, no les correspondían.
Pesqueras y el financiamiento político
En el sector pesquero, la situación es igualmente crítica. Empresas como Camanchaca, Golden Omega y Orizon (estas dos últimas del Grupo Angelini) recibieron subsidios estatales mientras algunas de ellas eran investigadas por el financiamiento ilegal de la política durante la tramitación de la polémica «Ley Longueira».
El informe detalla que estas compañías se dedican a la producción de harina y aceite de pescado para alimentar la industria del salmón, una actividad que la ley excluye del subsidio de zonas extremas para evitar la sobreexplotación de especies como la anchoveta y la sardina.
La respuesta de Tesorería: ¿Excepciones o arbitrariedad?
Al ser consultada, la Tesorería General de la República justificó la entrega de dineros a mineras bajo supuestas «excepciones por impacto socioeconómico«, argumentos que no tienen rango de ley, ya que cualquier modificación a la exclusión del beneficio debe ser aprobada por el Congreso. En el caso de las pesqueras, la TGR apeló a interpretaciones jurídicas internas que contradicen la actividad declarada por las propias empresas en sus memorias anuales.
Este millonario desembolso de recursos públicos, que no ha sido evaluado en su eficacia por la DIPRES en casi 50 años, abre una interrogante sobre la transparencia en el fomento productivo de las regiones extremas de Chile.
Subsidios irregulares y conflictos de interés: las familias involucradas
1. Familia Fosk (Quiborax y Pesquera Landes)
Es el grupo más cuestionado en la investigación, no solo por el monto recibido, sino por el contexto legal de su empresa Quiborax.
- El Beneficio: Recibieron $3.575 millones (el monto más alto de la lista).
- El historial ambiental: Mantienen una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el daño ambiental irreparable en el Salar de Surire. Se les acusa de eludir evaluaciones ambientales en un Monumento Natural que es zona de reproducción de flamencos.
- El nexo político: La investigación señala que, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la CONAF de Arica (bajo la gestión de Héctor Peñaranda) habría flexibilizado restricciones para permitirles extraer mineral en zonas prohibidas, utilizando incluso documentos elaborados por la propia empresa.
- Litio: Actualmente buscan operar litio en los salares de Ascotán y Coipasa bajo la Estrategia Nacional del Litio, sin haber pasado por licitación pública.
2. Grupo Angelini (Corpesca, Golden Omega, Orizon)
Este conglomerado (Empresas Copec) tiene un historial marcado por la relación entre el dinero y la política en el norte de Chile.
- El Beneficio: Recibieron más de $740 millones a través de filiales como Golden Omega y Serenor.
- Caso Corpesca: El grupo fue protagonista del mayor escándalo de cohecho en la pesca chilena, pagando millonarios sobornos al exsenador Jaime Orpis y la exdiputada Marta Isasi para influir en la actual Ley de Pesca.
- Contradicción legal: Mientras la ley prohíbe subsidios a la «pesca reductiva» (harina y aceite), sus empresas recibieron bonos estatales declarando actividades de «industria», pese a que su giro principal es precisamente el procesamiento de anchoveta para subproductos.
3. Grupo Errázuriz (Cosayach)
Liderado por Francisco Javier Errázuriz, este grupo opera principalmente en la Región de Tarapacá (Pozo Almonte y Huara).
- El Beneficio: $397 millones repartidos en cinco empresas del grupo (Cala Cala, Soledad, entre otras).
- El «truco» de los trabajadores: Según el SII, las empresas de Cosayach prácticamente no registran trabajadores directos, pero informes del Sernageomin revelan que operan con cientos de subcontratados (solo en la planta Soledad hay casi 500). Esto les habría permitido burlar el límite legal de 100 trabajadores para acceder al subsidio.
- Litio: Al igual que Quiborax, mantienen solicitudes para explotar litio en el Salar de Coipasa.
4. Familia Fernández (Camanchaca)
- El Beneficio: $867 millones para sus filiales pesqueras (sin contar lo recibido por su rama salmonera).
- Influencia política: Se les vincula con donaciones vía Servel a campañas políticas (incluyendo a Jacqueline van Rysselberghe) durante la tramitación de la Ley de Pesca de 2012.
- Negocio redondo: La investigación destaca que Camanchaca exportó harina y aceite de pescado por casi US $100 millones en 2024, pero aun así utilizó subsidios estatales destinados a «fomentar el empleo» en zonas extremas.
5. Familia Del Río (Pesca Chile)
- El Beneficio: $298 millones.
- Conflicto Antártico: Utilizaron el subsidio para la extracción de krill en aguas antárticas. En 2025, la pesquería de krill debió cerrar por primera vez tras agotar la cuota anual.
- Muerte de ballenas: Sernapesca denunció recientemente a esta empresa por la muerte de una ballena jorobada en sus redes mientras capturaban krill para la industria del salmón.
La opacidad en la gestión de la TGR actúa como el hilo conductor entre estas familias. Mediante la aplicación de criterios arbitrarios no contemplados en la ley, la institución ha desviado recursos críticos hacia empresas multimillonarias, privando a los pequeños y medianos emprendedores del apoyo estatal diseñado originalmente para el desarrollo de las regiones aisladas.
