A través de viviendas industrializadas y procesos administrativos simplificados, el nuevo decreto del MINVU permitirá acelerar la reposición de hogares y equipamiento vecinal en las zonas golpeadas por los incendios forestales. La medida reduce la burocracia para permisos de edificación y planes reguladores en áreas de catástrofe.
Un paso decisivo para miles de familias damnificadas se concretó este miércoles. La Contraloría General de la República (CGR) cursó oficialmente el Decreto N°28 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una herramienta legal clave diseñada para destrabar y acelerar la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío.
Viviendas industrializadas: El corazón de la solución
La modificación al Decreto N°47 de 1992 introduce una innovación fundamental: el MINVU ahora tiene la facultad de autorizar «proyectos tipo» de edificaciones, tanto industrializadas como tradicionales. Esto significa que las viviendas que ya cuentan con requisitos técnicos aprobados podrán ejecutarse con mayor rapidez, eliminando esperas técnicas individuales y garantizando estándares de calidad en menor tiempo.
Flexibilidad para Zonas de Catástrofe
El decreto no solo aborda la construcción de casas, sino que interviene directamente en la planificación urbana de las zonas afectadas:
- Planes Reguladores: Se facilitará la aprobación o modificación de planes comunales, seccionales e intercomunales. Las autoridades tendrán un plazo de dos años (desde la declaración de catástrofe) para ingresar estas solicitudes.
- Permisos Simplificados: Se establecen procedimientos especiales para la regularización de construcciones dañadas, permitiendo que las reparaciones y recepciones de obras sean más ágiles cuando formen parte de los planes de reconstrucción municipales o regionales.
Equipamiento a escala vecinal
La medida no solo se enfoca en el techo propio, sino en reconstruir el tejido social. El decreto permite la rápida reposición de equipamiento vecinal, como sedes sociales o centros de servicios básicos, asegurando que las comunidades recuperen su infraestructura comunitaria junto con sus viviendas.
Con esta toma de razón, el Gobierno queda habilitado para aplicar normas especiales que reduzcan los plazos de entrega, respondiendo a la urgencia de quienes perdieron todo ante el avance del fuego.
