El Consejo de Defensa del Estado (CDE) endureció su ofensiva judicial contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, al presentar una acusación particular ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago. El organismo solicitó una pena de 37 años de presidio, superando los 23 años requeridos previamente por el Ministerio Público, tras detectar una gestión marcada por el descontrol financiero y el uso irregular de recursos públicos.
La indagatoria del querellante institucional apunta a una maquinaria administrativa diseñada para eludir los controles internos del municipio capitalino. Según el CDE, la administración de Barriga habría implementado una política sistemática de liberación artificial de recursos, lo que permitió financiar campañas comunicacionales, programas sociales y eventos masivos que carecían de un respaldo presupuestario real.
En relación con esto, el Consejo de Defensa del Estado, organismo querellante, manifestó que el desfalco no fue circunstancial. “La exalcaldesa tenía una estructura financiera para evitar los controles financieros internos y que los ilícitos cometidos no eran casos aislados, sino que había una política que consistía en liberar de forma artificial recursos para programas y eventos sin un financiamiento real”, sostuvo la institución técnica.
El perjuicio fiscal calculado por el organismo asciende a más de $32 mil millones, cifra derivada de una sobre ejecución del gasto y el ocultamiento deliberado de obligaciones financieras. Las irregularidades detectadas incluyen la eliminación de deudas en los registros municipales y la utilización irregular de certificados para validar pagos a proveedores, en un esquema que afectó gravemente las arcas públicas.
De este modo, Marcelo Chandía, fiscal del caso, manifestó la gravedad de los montos involucrados en la gestión municipal. El persecutor resaltó la “cantidad de dinero que estuvo sin control” durante el periodo de Cathy Barriga como exjefa comunal, argumento que sustenta la petición de una sentencia más dura en comparación con los requerimientos iniciales de la Fiscalía.
La justicia ya fijó una fecha clave para el avance de este proceso judicial de alta connotación pública. El próximo 2 de febrero se llevará a cabo la audiencia de preparación de juicio oral, instancia donde se revisarán las pruebas y acusaciones presentadas por la Fiscalía Oriente, el CDE y los demás querellantes, previo al inicio del juicio definitivo contra la exautoridad.
