La tramitación del reajuste salarial del sector público llegará al Congreso el 5 de enero acompañada de un extenso paquete de disposiciones que ya genera resistencia transversal. Se trata de la denominada Ley Miscelánea, iniciativa impulsada por el Ministerio de Hacienda que incorpora cerca de un centenar de normas permanentes que exceden el objetivo original del aumento de remuneraciones y que prometen un intenso debate político durante enero.
El proyecto fue presentado por el ministro Nicolás Grau a asesores parlamentarios en una reunión telemática previa a su ingreso formal, donde se confirmó que la propuesta reúne materias pendientes del Presupuesto, ajustes al estatuto administrativo, reformas al Estado y compromisos gremiales. Desde distintos sectores se cuestiona que la ley de reajuste se utilice nuevamente como vehículo para introducir reformas estructurales de alto impacto.
Uno de los ejes más sensibles es el conjunto de normas que refuerzan la estabilidad de los funcionarios a contrata, elevando las exigencias para su desvinculación y fijando un plazo de dos años para que opere la figura de “confianza legítima”. Esta medida ha sido criticada por su eventual rigidez y por limitar la capacidad de gestión de futuras administraciones.
La iniciativa también contempla la creación y traspaso de cargos en servicios públicos, particularmente en el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Obras Públicas, lo que ha despertado sospechas en la oposición sobre un eventual aumento de plantas permanentes antes de un cambio de gobierno. A ello se suma la habilitación de cargos directivos adicionales en áreas estratégicas del Estado.
Otro punto que genera controversia es la extensión del teletrabajo y del sistema híbrido en organismos públicos hasta fines de 2028, medida acordada con los gremios, pero que carecería —según críticos— de evaluaciones técnicas sobre su impacto en productividad, control y gasto fiscal.
En el ámbito de las empresas estatales, la ley propone ampliar el giro de Correos de Chile, permitiéndole competir directamente en el mercado logístico y del comercio electrónico, pese a sus pérdidas acumuladas. De forma paralela, se habilita a ENAP para participar en toda la cadena de desarrollo del hidrógeno verde, una decisión estratégica que algunos parlamentarios estiman debiera discutirse en un proyecto específico.
La iniciativa también introduce cambios relevantes en salud, al permitir que médicos extranjeros puedan emitir licencias médicas sin rendir el EUNACOM, validando sus competencias mediante CONACEM, norma que ya genera preocupación en sectores del gremio médico.
En educación, el proyecto ajusta el cronograma de traspaso de establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública, incorpora normas interpretativas para sanear deudas municipales y posterga nuevamente, ahora hasta 2030, la reforma estructural de la educación básica y media definida en la Ley General de Educación.
Otros artículos incluyen el traspaso de la Unidad de Asuntos Indígenas al Ministerio del Interior, la creación de un Comité Interministerial para el Desarrollo Productivo Sostenible, y una norma que autoriza a personas de 75 años o más a ejercer cargos de Alta Dirección Pública y de exclusiva confianza, lo que contrasta con los incentivos al retiro incluidos en el mismo texto legal.
Con una agenda cargada de definiciones estructurales y un calendario legislativo estrecho, la Ley Miscelánea se perfila como uno de los proyectos más complejos y controvertidos del inicio de 2026, anticipando una discusión marcada por tensiones políticas y cuestionamientos sobre la forma y el fondo de la iniciativa.
