La Corte de Apelaciones de Arica ratificó este viernes la medida de prisión preventiva para cinco exmiembros del Ejército imputados por la muerte del conscripto Franco Vargas y las lesiones graves sufridas por otros reclutas en abril de 2024.
En ese sentido el tribunal de alzada no solo confirmó la reclusión de cuatro de los acusados, sino que revocó el arresto domiciliario de un quinto involucrado, ordenando su ingreso inmediato a un recinto penitenciario mientras se desarrolla la investigación por apremios ilegítimos.
Es así como la Fiscalía Regional de Arica informó que “el tribunal analizó los antecedentes presentados por la Unidad de Asesoría Jurídica. Con este fallo, los cinco exfuncionarios del Ejército involucrados en la causa permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la etapa indagatoria”.
La resolución judicial se sustenta en la gravedad de los hechos ocurridos durante un entrenamiento militar en la localidad de Putre. Los imputados enfrentan cargos por cuasidelito de homicidio y lesiones graves gravísimas, estas últimas vinculadas a dos soldados que sufrieron la amputación de sus extremidades tras la fatídica marcha altiplánica realizada por la Brigada Motorizada N° 24 «Huamachuco».
Así también todos los exfuncionarios fueron formalizados por delitos de apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio y lesiones graves. La justicia ha decretado un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.
El camino judicial ha sumado pruebas clave, como registros fotográficos del cuartel militar y videos de la reconstitución de escena realizada en la zona cordillerana. Estos elementos buscan acreditar la responsabilidad de los mandos en las condiciones que derivaron en la tragedia, donde se investiga si se cumplieron los protocolos de instrucción militar en condiciones extremas.
Se modificó la medida cautelar de un quinto exmilitar, quien estaba con arresto domiciliario total y ahora enfrenta la privación de libertad. La decisión busca resguardar el éxito de las diligencias pendientes tras los antecedentes analizados.
Con esta determinación, los cinco procesados cumplirán la medida cautelar más gravosa del sistema chileno. El proceso entra ahora en una fase crítica donde se periciarán las evidencias audiovisuales capturadas en el altiplano, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública por el impacto en la integridad física de los jóvenes reclutas chilenos.
