El recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública —luego que el tribunal rechazara sobreseer la causa— abre una inédita disputa jurídica sobre la prescripción de delitos cometidos por adolescentes. La acción busca cerrar el caso en que un joven de 18 años fue formalizado por violación ocurrida cuando tenía 14, lo que ha provocado preocupación pública, reacciones parlamentarias y un intenso debate sobre el alcance de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y los plazos para investigar delitos contra menores.
El caso vuelve a poner al sistema de justicia juvenil en el centro del debate nacional. Un amparo presentado por la Defensoría Penal Pública —informado por Radio BíoBío— busca que se declare la prescripción y se sobresea la causa en que un joven de 18 años fue formalizado por el delito de violación ocurrido cuando tenía 14 años, y la víctima solo cuatro. Una acción que ha generado inquietud pública, discusiones jurídicas y posturas encontradas entre especialistas y parlamentarios.
Una historia que regresa desde 2022
Según lo publicado por BíoBío, la Fiscalía formalizó la semana pasada al joven por un delito cometido supuestamente cuando era menor de edad. Al momento de los hechos tenía 14 años. La víctima, cuatro.
La formalización permitió iniciar el proceso penal, pero abrió al mismo tiempo una discusión sobre plazos, responsabilidades y el alcance de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Durante la audiencia, la Defensoría solicitó el sobreseimiento, argumentando que la normativa establece un plazo de prescripción de dos años para delitos cometidos por menores. Como el hecho ocurrió en 2022, la defensa sostuvo que el plazo estaría vencido.
El Juzgado de Garantía de Chiguayante rechazó la solicitud.
El amparo: una herramienta excepcional
Frente a esa negativa, la Defensoría interpuso un amparo, un recurso constitucional destinado a resguardar derechos fundamentales cuando se estima que han sido vulnerados. La presentación generó amplia atención debido a los efectos que podría tener en el avance de la causa.
De acuerdo con lo explicado por el abogado penalista y exfiscal Andrés Cruz —citado por BíoBío—, este tipo de recursos se han vuelto más comunes debido a interpretaciones judiciales que consideran que solo la formalización penal interrumpe la prescripción, y no las querellas u otras actuaciones previas.
El profesional reconoció que este tipo de interpretaciones puede generar preocupación en la ciudadanía, especialmente en causas de alta sensibilidad social. Sin embargo, recordó que es una discusión estrictamente jurídica, vinculada al alcance de las garantías procesales que rigen para adolescentes infractores.
Reacciones desde el Parlamento
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, la diputada Marlen Pérez, también reaccionó al caso en declaraciones recogidas por BíoBío, manifestando preocupación respecto a que la interpretación solicitada por la defensa pudiera impedir que el caso avance a juicio. La parlamentaria expresó su esperanza de que la Corte de Apelaciones revise la presentación con rigurosidad y mantenga la continuidad de la causa.
Las medidas actuales y el camino que queda
El joven, tras la formalización, quedó con la cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y a su familia, medida que se mantendrá mientras dure la investigación.
Si el amparo es rechazado, la Defensoría aún podría recurrir a la Corte Suprema, lo que extendería la discusión jurídica sobre plazos y procedimientos.
Si fuese acogido, la causa podría ser sobreseída, lo que abriría un debate más amplio sobre la necesidad de revisar los tiempos de prescripción en delitos cometidos por adolescentes, especialmente en casos que involucran víctimas menores de edad.
Un proceso en desarrollo
El caso continúa abierto y en evaluación judicial. Los tribunales deberán determinar si corresponde o no aplicar la prescripción solicitada por la defensa, siempre bajo los márgenes de la ley y sin prejuzgar responsabilidad alguna.
Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al imputado como culpable hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
