La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio luz verde al plan de ejecución del Gobierno, lo que marca el inicio del proceso de desalojo de la megatoma ilegal del Cerro Centinela en San Antonio. La medida afecta al 50% del asentamiento irregular, específicamente a cerca de 2.200 familias que no forman parte de las cooperativas de vivienda y cuyos terrenos no serán expropiados. No se ha definido una fecha de ejecución.
La Sala de Cuenta del tribunal de alzada de Valparaíso fue la que se pronunció en esta materia, acogiendo el plan presentado por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para ejecutar la desocupación de los sectores no incluidos en las 115 hectáreas a expropiar.
El fallo de la Corte establece textualmente: “Habida cuenta del Decreto de Expropiación aludido en la presentación que antecede, y el plan de ejecución del fallo presentado con esta fecha, dese por iniciado el proceso de desalojo del inmueble de autos, en los términos planteados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso”.
El desalojo, que afectará a cerca de 2.200 familias que se encuentran en terrenos de la inmobiliaria San Antonio S.A., será ejecutado en una fecha que deberá definir la Delegación Presidencial.
MEDIDAS OPERATIVAS Y CONTEXTO HABITACIONAL
La Delegación Presidencial de Valparaíso expuso previamente que se hará uso de la fuerza pública respecto a las personas que se nieguen a dejar el lugar, en coordinación con Carabineros. El municipio, por su parte, dispuso de albergues para recibir temporalmente a las familias.
Este proceso de desalojo se ejecuta de manera gradual en paralelo a un proyecto habitacional destinado a las más de 4 mil familias que sí forman parte de las cooperativas. Para ellas, el Gobierno expropiará 100 de las 215 hectáreas (Lote 1-A), donde se ofrecerán soluciones habitacionales con lotes urbanizados y solución sanitaria, con un aporte compartido de las familias que complementará los subsidios del Minvu.
En el ámbito político, la decisión de reasignar recursos para este plan habitacional ha generado críticas, incluyendo acusaciones desde la UDI que evalúan presentar una acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes.
