El Gobierno decidió no renovar los casi $1.000 millones anuales del convenio con el BID que reforzaban al Ministerio Público en regiones de alta criminalidad, afectando a fiscalías del norte y sur que dependían de esos recursos para mantener equipos especializados en crimen organizado, narcotráfico y violencia rural.
En medio de una escalada de violencia que tensiona cada frontera, cada carretera y cada barrio donde el Estado libra una lucha desigual contra el crimen organizado, una noticia detonó alarma: el Gobierno decidió no renovar los recursos extraordinarios financiados mediante un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fondos que durante años reforzaron al Ministerio Público en las zonas más golpeadas del país.
La confirmación llegó sin adornos, sin metáforas y sin anestesia. El propio fiscal nacional, Ángel Valencia, lo comunicó: “Se nos informó que el aporte no se renovará, lo que es muy grave”.
En otras palabras: cerca de mil millones de pesos anuales desaparecen, justo donde la violencia crece con más fuerza.
Una interrupción que cae como un portazo en las regiones más vulnerables
Los fondos suspendidos —una inyección especial que no forma parte del Presupuesto ni del programa ECOH— permitían contratar personal adicional en fiscalías que enfrentan delitos graves, crimen organizado, narcotráfico y violencia rural.
Las zonas afectadas no son un simple listado administrativo: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Biobío, La Araucanía y la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Regiones donde las cifras policiales y las líneas investigativas no dan tregua.
Para Valencia, la ecuación es evidente: se recortan refuerzos justo donde las organizaciones criminales se expanden con mayor rapidez.
La advertencia del Ministerio Público: “Damos ventaja al crimen”
No hubo rodeos. El fiscal nacional lo planteó de forma directa: sin estos fondos, actividades críticas quedan en riesgo; unidades estratégicas podrían cerrarse; y equipos que llevaron adelante megacausas —como el caso “Los Gallegos” en Arica, o investigaciones contra La Mafia del Tren del Norte o Los Costeros— pueden quedar debilitados.
En Arica, el fiscal regional Mario Carrera fue aún más tajante: “Mantener los buenos resultados sin estos aportes será extremadamente difícil. Según la magnitud del recorte, incluso podría implicar cerrar unidades especializadas”.
Lo que suena a advertencia, en realidad es una señal de peligrosidad operativa: menos fiscales, menos analistas, menos apoyo = más espacio para las redes criminales.
El diagnóstico político: desde la molestia transversal hasta la resignación futura
La reacción en el Congreso fue inmediata.
Desde independientes hasta oficialistas, la mayoría de los parlamentarios coincidió en que el recorte es incomprensible en un contexto donde la seguridad es prioridad nacional.
El senador José Miguel Durana (UDI), presidente de la Comisión de Seguridad, fue claro:
“No comparto esta decisión. Será tarea del próximo Ejecutivo revertirla”.
Desde el Socialismo, el diputado Raúl Leiva sostuvo:
“Atenta contra el desarrollo necesario del ente persecutor, justo cuando la criminalidad se complejiza”.
Incluso voces del oficialismo reconocieron que el Gobierno deberá buscar vías alternativas para evitar el desmantelamiento de equipos operativos.
El documento que prendió las alarmas: 38 contratos en riesgo inmediato
El oficio enviado por la Fiscalía al Ministerio de Seguridad enumeró con precisión quirúrgica lo que se pierde:
- 5 contratos en Arica y Parinacota
- 7 en Tarapacá
- 3 en Antofagasta
- 4 en Metropolitana Occidente
- 6 en Biobío
- 13 en La Araucanía
Cada número representa a un profesional clave: analistas, asistentes, investigadores, personal técnico que sostiene el funcionamiento diario de causas complejas.
Según el documento, la interrupción afecta tareas de persecución penal, labor investigativa especializada y refuerzo operativo en macrozonas donde el crimen organizado es una amenaza permanente.
El Ejecutivo guarda silencio… y tiempo no es lo que sobra
Hasta ahora, ninguna respuesta formal ha llegado desde el Gobierno.
En La Moneda aseguran que “se están buscando alternativas”, pero en la práctica, las fiscalías deberán enfrentar 2026 con menos manos y mayor presión delictiva.
El temor más repetido en las regiones: “no hay plata… y sin plata no hay Estado”.
Un futuro incierto en medio de una crisis que no espera
Mientras el proyecto de ley para fortalecer el Ministerio Público sigue atrapado en el Congreso desde hace más de dos años, la suspensión del financiamiento vía BID representa un retroceso que golpea el corazón de la estrategia de seguridad en Chile.
No es solo un recorte presupuestario.
Es un mensaje. Es una señal.
Y para muchos, es también una advertencia: el crimen organizado no descansa… pero ahora, la Fiscalía tendrá que intentar hacerlo con menos herramientas.
