La delegada presidencial de Tarapacá, Camila Castillo, aclaró este jueves la situación del contenedor adquirido para operar como calabozo temporal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el Complejo Fronterizo de Colchane, luego de que surgieran dudas respecto a su financiamiento, destino y estado de entrega.
Castillo explicó que el módulo forma parte del plan de contingencia necesario para mantener operativo el recinto mientras avanzan las obras de conservación del complejo, un proyecto que supera los 12 mil millones de pesos y que debe ejecutarse sin que el flujo de personas y vehículos se detenga.
Según detalló, la adquisición del contenedor se enmarca en la necesidad de contar con un espacio seguro para personas detenidas, ya que la PDI —encargada de labores migratorias en el sector— “frecuentemente se encuentra con individuos con órdenes vigentes y debe resguardar su custodia en condiciones adecuadas”.
Respecto a la orden de compra que aparece como “cancelada” en los registros públicos, la delegada fue enfática en señalar que “la orden de compra no significa que el pago esté realizado”, descartando cualquier irregularidad y asegurando que el proceso aún está en etapa administrativa. El módulo, precisó, aún no ha sido entregado, pero está destinado exclusivamente al uso de la PDI dentro del complejo.
En paralelo, las obras de conservación del recinto avanzan lentamente y se encuentran en fase de instalación de faenas, un punto que —según Castillo— explica el bajo porcentaje de avance visible, ya que se trata de una intervención compleja realizada sin detener las operaciones del paso fronterizo, que funciona las 24 horas del día.
Castillo también destacó que Bolivia está desarrollando mejoras similares en su infraestructura fronteriza y que ambos países están avanzando con planes maestros para modernizar sus complejos.
La delegada afirmó que, pese a las faenas, el funcionamiento del Complejo Fronterizo de Colchane “se mantiene con normalidad y sin afectaciones al tránsito”.
