La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el libelo por los votos necesarios y declaró admisible la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, responsabilizándolo por el error tarifario que generó cobros en exceso a millones de usuarios. Ahora el Senado actuará como jurado y decidirá si Pardow infringió los principios de probidad, eficiencia y transparencia en la gestión del sistema eléctrico.
En una jornada maratónica, cargada de discursos incendiarios, defensas dramáticas y cálculos que tensionaron a todas las bancadas, la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, transformando un conflicto tarifario en un terremoto político de proporciones. Con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, el libelo cruzó la primera valla y quedó en manos del Senado, que ahora deberá decidir si el exsecretario de Estado vulneró la Constitución al no resguardar principios esenciales de probidad, eficiencia y transparencia.
Lo que comenzó como un “error de cálculo tarifario” terminó convertido en uno de los capítulos más tensos del gobierno, una disputa donde se mezclan millones de consumidores afectados, acusaciones de negligencia, defensas técnicas férreas y un ambiente preelectoral que empuja a todos los sectores a exhibir señales de rigor.
El día que la Cámara encendió las alarmas del sistema político
Desde temprano, los pasillos del Congreso presagiaban un escenario enrarecido. La comisión encargada de revisar el libelo había recomendado aprobar la acusación y el ambiente se respiraba como un juicio público. Era la antesala de un golpe que finalmente se concretó.
Los diputados Jaime Mulet, Carla Morales y Sergio Bobadilla —los mismos que ahora representarán la acusación ante el Senado— expusieron un informe que no solo detallaba el error tarifario y su impacto sobre las familias, sino que además apuntaba a un “deber de control inexcusable” que, según ellos, Pardow habría omitido.
Su argumento central: el exministro firmó un decreto clave sin advertir un error tarifario cuyas consecuencias afectaron directamente los bolsillos de millones de chilenos. Y peor aún: habría manejado con hermetismo información crítica que llegó al Ministerio tras la autodenuncia de la empresa Transelec.
La defensa: un alegato de inocencia al borde del exilio académico
El abogado de Pardow, Francisco Cox, llegó a la Cámara con un libreto preciso: desarmar el caso pieza por pieza. Aseguró que la acusación carece de sustento jurídico, que el ministro no tenía facultades para revisar o modificar los cálculos técnicos y que la falla no fue deliberada ni atribuible a su gestión directa.
Pardow, por su parte, intervino con un tono más emocional que técnico.
Dijo que los hechos “son falsos”, que la acusación es “política” y que el libelo arriesga privarlo de algo que considera irremplazable: hacer clases en universidades públicas.
“Perder eso sería doloroso”, confesó, en una sesión donde cada palabra se midió al milímetro.
Un debate que se transformó en un tribunal político
Tras la defensa vino el desfile de discursos.
Los parlamentarios a favor de la acusación no escatimaron adjetivos: “negligencia grave”, “daño directo a las familias”, “ocultamiento”, “golpe al bolsillo”, “desastre tarifario”.
Incluso se mencionó el viaje de Pardow al extranjero en plena crisis para reunirse con una empresa vinculada al sector eléctrico, gesto que, según ellos, “fracturó la confianza pública”.
El relato que instaló la oposición fue contundente: un error que no fue técnico, sino político; una falla que, para muchas familias, significó endeudamiento, cuentas impagables y una devolución “que apenas alcanza para dos lucas”.
Quienes defendieron al exministro plantearon la imagen opuesta: que Pardow sí actuó, que instruyó auditorías, aceleró devoluciones y pidió investigaciones internas; que no es posible convertir en delito lo que fue una falla detectada en informes externos; y que abrir esta puerta marcaría un precedente peligroso para futuros ministros.
En medio de ambas líneas, algunas voces afirmaron que los verdaderos responsables no estaban en la mesa: empresas eléctricas que, según los discursos, “callaron cuando debían denunciar”, dejando al Estado con la peor parte del impacto político.
Un Senado con rol de jurado y una fecha que ya está marcada
La pelota está ahora en la cancha del Senado, que actuará como jurado el 25 de noviembre.
Allí, tres diputados delibarán formalmente el caso ante la Cámara Alta, exponiendo capítulos donde se acusa a Pardow de:
- no resguardar la probidad administrativa en la fijación de tarifas,
- firmar un decreto sin revisar el impacto de los errores de cálculo,
- y manejar de forma opaca la información recibida por Transelec.
Si el Senado confirma la acusación, Pardow quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, un desenlace que marcaría un antes y un después en el tratamiento de responsabilidades políticas en Chile.
Una sesión con señales de respaldo desde La Moneda
Mientras el debate ardía, varios ministros se sentaron en las tribunas del Congreso: Nicolás Grau, Adriana Delpiano, Macarena Lobos, Camila Vallejo, Álvaro Elizalde.
Un gesto que el exministro agradeció públicamente: “Solo tengo gratitud hacia el Presidente y mis colegas”, dijo, en un cierre donde la tensión ya era parte del aire.
Lo que viene: un juicio político que trasciende a Pardow
Más allá del futuro del exministro, la discusión abrió una grieta mayor:
¿hasta dónde llega la responsabilidad política en errores técnicos?,
¿y qué ocurre cuando las fallas del sistema eléctrico —congelamientos, informes externos, cálculos erróneos— se transforman en munición parlamentaria?
Lo cierto es que la acusación contra Diego Pardow dejó de ser un trámite jurídico para convertirse en un espejo del momento político del país: crispado, polarizado y con el costo de la energía como el símbolo perfecto de un conflicto donde todos quieren tener la última palabra.
