El desierto más árido del planeta, donde los vientos arrastran siglos de historia y biodiversidad, podría entrar en una nueva era de protección. Desde Arica y Parinacota hasta Atacama, el Ministerio del Medio Ambiente, encabezado por Maisa Rojas, impulsa una ambiciosa ofensiva que busca resguardar cerca de cuatro millones de hectáreas distribuidas en 99 sitios prioritarios del país, 23 de ellos ubicados en el extremo norte de Chile, donde los ecosistemas más frágiles y escasos del territorio conviven con la presión minera y urbana.
Según detalla La Tercera, el plan —parte de la estrategia gubernamental “30×30”, que aspira a proteger el 30% del territorio nacional antes de 2030— apunta a regular zonas ecológicas claves que hasta ahora no contaban con resguardo legal efectivo.
En Arica, Tarapacá y Antofagasta, estas áreas comprenden humedales altiplánicos, salares, quebradas, bofedales y cordones desérticos, donde habitan especies únicas del norte grande como la llareta, la vizcacha, el suri, el zorro culpeo y una extensa variedad de aves migratorias.
Una cruzada por los ecosistemas del norte
El anuncio de Medio Ambiente representa un cambio de paradigma en la manera de entender el desarrollo territorial del norte. Por décadas, la zona ha sido el corazón minero y logístico del país, pero también un espacio donde la presión humana ha puesto en riesgo los pocos oasis biológicos del desierto de Atacama.
“Queremos dar certezas ambientales y territoriales, no frenar la inversión”, aseguró el subsecretario Maximiliano Proaño, quien agregó que este proceso entregará incentivos para promover una inversión sostenible. Desde la cartera recalcan que, al delimitar con precisión los territorios que requieren resguardo, también se envían señales claras sobre dónde sí es posible invertir.
El proceso comenzó oficialmente el 3 de septiembre, con la apertura de una consulta pública publicada en el Diario Oficial. Hasta el 17 de noviembre, cualquier ciudadano puede emitir su opinión sobre los sitios propuestos para ser reconocidos como prioritarios, en una instancia inédita de participación ambiental abierta a todo el país.
Tensión en el norte: la voz de la minería y el sector inmobiliario
Pero el proyecto no ha estado exento de resistencia. Según reportó La Tercera, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) manifestó su inquietud, advirtiendo que 273 instalaciones mineras quedarían dentro de las zonas en evaluación.
El presidente de Sonami, Jorge Riesco, fue categórico: “La inquietud que hay en la pequeña minería se asemeja a la que vivimos con el proceso constitucional. Hoy enfrentamos un escenario que pone en riesgo nuestra supervivencia”.
A las críticas se sumó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), que acusa falta de claridad en los criterios técnicos y advierte que algunos polígonos se superponen con zonas urbanas ya planificadas y con permisos vigentes. “Esto añade trabas innecesarias al desarrollo y limita la disponibilidad de suelo para viviendas y servicios”, señaló Slaven Razmilic, director ejecutivo del gremio.
El desafío: proteger la vida en los márgenes del desierto
Los expertos recuerdan que los sitios prioritarios son áreas con alto valor ecológico, donde se busca conservar especies endémicas, ecosistemas amenazados y corredores biológicos esenciales. En el norte, muchos de estos lugares funcionan como “islas verdes” en medio del desierto, conectando hábitats que sostienen la vida en condiciones extremas.
El exministro de Medio Ambiente Pablo Badenier planteó reparos sobre la metodología empleada, señalando que “se desconoce cómo se eligieron los 99 sitios y por qué se priorizaron estos por sobre otros”. Sin embargo, desde el ministerio aseguran que el listado se definió a partir de evaluaciones técnicas, antecedentes ecológicos y diálogos territoriales.
Arica y Parinacota: frontera viva de la conservación
En el extremo norte, los esfuerzos se concentran en lugares como el Humedal del Río Lluta, el Parque Nacional Lauca y el Salar de Surire, enclaves que forman parte del corredor biológico altiplánico y que albergan especies amenazadas como el flamenco andino y la vicuña. Estos ecosistemas son, además, clave para la regulación hídrica de la zona, un tema crítico en medio de la crisis climática y de la sequía prolongada que afecta al norte de Chile.
Los especialistas advierten que proteger estos territorios no solo tiene valor ambiental, sino también social y cultural, al resguardar los espacios sagrados y tradicionales de comunidades aymaras y quechuas.
Una apuesta global desde el desierto
El plan del Ministerio del Medio Ambiente se enmarca en los compromisos internacionales de Chile en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y busca transformar al país en un referente regional en conservación.
De concretarse, este proceso permitiría avanzar hacia una red nacional de áreas protegidas, donde los sitios prioritarios podrían evolucionar a parques, reservas o paisajes de conservación, otorgándoles un blindaje legal más robusto frente a proyectos de alto impacto.
En un país donde las decisiones ambientales suelen llegar después del daño, esta ofensiva podría marcar un giro: proteger antes de lamentar.
Desde Arica, el norte vuelve a mirar hacia su territorio con una pregunta urgente: ¿es posible convivir entre el progreso y la naturaleza sin que uno de los dos desaparezca en el polvo del desierto?
