En medio de la aridez del altiplano y bajo el sol intenso del norte chileno, un equipo especializado de la Contraloría General de la República (CGR) emprendió una operación inédita. Su objetivo: inspeccionar en terreno las instalaciones fronterizas de esta comuna, donde la política migratoria, la seguridad nacional y los servicios estatales convergen en un solo punto crítico.
Encabezados por la Contralora General, Dorothy Pérez, los fiscalizadores recorrieron este martes 30 de septiembre el Paso Fronterizo de Colchane, revisando cada detalle del funcionamiento del Plan Frontera Segura, el Programa de Despliegue de las Fuerzas Armadas y la administración de los complejos fronterizos. Según fuentes institucionales, la iniciativa es sin precedentes en la historia reciente de la CGR, marcando un hito en la fiscalización territorial.
Un ojo experto en cada rincón
La delegación no escatima esfuerzos. Se analiza la infraestructura, los sistemas tecnológicos y los recursos físicos que sostienen las operaciones en la frontera. Los fiscalizadores evalúan desde la maquinaria utilizada en controles migratorios hasta la eficiencia de los equipos tecnológicos de Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero, Carabineros y PDI, garantizando que cada engranaje funcione como corresponde.
Acompañan a Pérez figuras clave del organismo: Ricardo Provoste, jefe de la División de Fiscalización; Paula Vera, Contralora Regional de Tarapacá; y Carlos Bruna, jefe de Control Externo regional, además de un equipo de fiscalizadores especializados en control operativo y tecnológico.
“Esta fiscalización tiene como propósito verificar que los recursos y servicios que el Estado entrega en la frontera estén operando correctamente, y que la ciudadanía reciba la protección y eficiencia que merece”, explicó un portavoz de la CGR.
Estrategia y logística bajo la lupa
Más allá de la revisión física de las instalaciones, el equipo examina las estrategias de control diseñadas para las labores fronterizas. La idea es identificar brechas en la implementación del Plan Frontera Segura, evaluar el despliegue militar y policial, y verificar que la coordinación interinstitucional —entre Aduanas, SAG, Carabineros y PDI— sea óptima.
En términos prácticos, esto significa analizar cómo se utiliza la tecnología, si la maquinaria está correctamente instalada y operativa, y cómo se articulan los diferentes equipos en la detección y control migratorio. La revisión, además, apunta a mejorar la eficiencia y transparencia del Estado en un territorio que ha experimentado gran presión migratoria en los últimos años.
Más allá de Colchane: visitas institucionales
El despliegue de la CGR en Tarapacá no se limita a Colchane. La delegación visitó también la Fiscalía Regional de Tarapacá, y se reunió con funcionarios de la sede regional de la Contraloría, encabezada por el Subcontralor General Víctor Hugo Merino y el jefe de la División de Función Pública, Alejandro Riquelme.
El objetivo de estas visitas es conocer de primera mano las necesidades locales, interiorizarse sobre los procesos internos y fortalecer la relación entre los distintos niveles del organismo fiscalizador, asegurando que la estrategia de control se aplique con consistencia y eficacia en toda la región.
Un nuevo estándar en fiscalización
Expertos destacan que la operación en Colchane marca un nuevo estándar institucional. “Nunca antes habíamos tenido un despliegue de esta magnitud en terreno, con la Contralora liderando la fiscalización directamente en la frontera. Esto demuestra un compromiso real con la transparencia, la eficiencia y la protección de la ciudadanía”, asegura un analista de políticas públicas.
Entre los cerros áridos y las rutas de alta montaña de Tarapacá, la Contraloría deja su huella: un control territorial que combina rigor, inspección técnica y mirada estratégica, enviando un mensaje claro de que los recursos del Estado, incluso en los lugares más remotos, deben cumplir su función.
