VENEZUELA BAJO LA SOMBRA DE LA REPRESIÓN: OPOSITORES DENUNCIAN DETENCIÓN DE COLABORADORES Y DESAPARECIDOS POLÍTICOS
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela y Voluntad Popular denuncian la detención de miembros y colaboradores de la oposición, cuyos paraderos se desconocen. Organizaciones civiles alertan sobre un aumento de detenciones arbitrarias y persecución política en el país caribeño.
En un contexto de creciente tensión política en Venezuela, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la diputada opositora María Corina Machado, informó ayer sábado la detención de Elizabeth Rodríguez y Juan Torres, colaboradores de la organización, en el estado Trujillo.
Según el comunicado emitido por la agrupación en su cuenta oficial de X, ambos fueron retenidos el pasado miércoles mientras se dirigían a sus trabajos, y desde entonces su paradero e integridad física permanecen desconocidos.
El Comité subrayó la vulnerabilidad médica de los detenidos: Rodríguez es hipertensa y Torres padece diabetes, condiciones que requieren tratamiento constante. En este sentido, la organización exigió su libertad inmediata y el acceso a información sobre su ubicación y estado de salud.
“Elizabeth es hipertensa y Juan es diabético, por lo que deben tomar tratamiento permanente para resguardar su salud. Exigimos conocer dónde están y su libertad inmediata”, señaló el Comité de Derechos Humanos de VV.
La denuncia se suma a otro caso reportado por el partido opositor Voluntad Popular (VP), que informó el paradero desconocido de Macario González, integrante de su dirección nacional, de 73 años, desde el pasado viernes. La organización alertó sobre la falta de información oficial y exigió respeto a la integridad física y moral del dirigente.
“Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero ni sobre las circunstancias de su desaparición. Exigimos saber dónde está y el respeto a su integridad”, indicó VP a través de X.
Según dirigentes opositores y ONG venezolanas, estos casos no son aislados. Se registra un incremento de detenciones arbitrarias, largas incomunicaciones y prácticas que afectan la integridad física y psicológica de los detenidos. La ONG Provea, en su informe de agosto de 2025, denunció que estas detenciones se han intensificado y que familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos muchas veces desconocen el paradero y las condiciones de los privados de libertad.
“Estas prácticas son abusivas, arbitrarias y desproporcionadas. Las autoridades deben determinar responsabilidades, imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar políticas que eviten su repetición”, señaló Provea.
Por su parte, Foro Penal, otra organización civil de seguimiento a presos políticos, estima que en Venezuela hay actualmente 823 detenidos por motivos políticos, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro niega que exista persecución política, alegando que los arrestos responden a delitos comunes.
El patrón de detenciones afecta a figuras opositoras históricas que se encuentran en la clandestinidad o exilio, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y refuerza la percepción de una persecución sistemática contra quienes defienden la libertad y participación democrática en el país.
Analistas internacionales advierten que la continuidad de estas prácticas coloca a Venezuela en una situación de alto riesgo en materia de derechos humanos, afectando no solo a los detenidos, sino también al tejido político y civil de la nación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado en varias oportunidades al Gobierno venezolano a garantizar la protección de la integridad de opositores y a cesar las detenciones arbitrarias.
En medio de esta situación, los partidos opositores insisten en que la presión pública y la denuncia internacional son fundamentales para evitar violaciones a derechos fundamentales, exigir transparencia sobre los detenidos y garantizar la protección de quienes luchan por un cambio democrático en Venezuela.
