LIBERAN A TRES POLICÍAS Y UN CIVIL ACUSADOS DE SECUESTRAR Y EXTORSIONAR A UN MENONITA EN SANTA CRUZ
Un juez determinó otorgar libertad con medidas sustitutivas —entre ellas detención domiciliaria— a tres policías y un civil acusados de secuestrar y extorsionar a un ciudadano menonita, en un caso vinculado a una supuesta deuda de 800 mil dólares por la compra de maquinaria agrícola.
La resolución fue cuestionada por la Fiscalía, que anunció este fin de semana que apelará la decisión. “El juez decidió dejarlos en libertad con medidas personales pese a que se demostraron riesgos procesales de fuga y obstaculización. Hemos interpuesto una apelación con la esperanza de que esta decisión sea revocada”, señaló un representante del Ministerio Público a medios locales.
Antecedentes del caso
El primer hecho se remonta al 7 de mayo, cuando la víctima fue interceptada al salir del aeropuerto de Viru Viru, Bolivia, tras regresar de Canadá. Los uniformados le exigieron el pago de la supuesta deuda y lo amenazaron con cortarle los dedos y quitarle la vida si no cumplía.
Pese a la denuncia presentada, dos meses después un grupo de 10 personas —incluidos los mismos agentes— irrumpió en el domicilio del menonita, en el municipio de Cuatro Cañadas. El afectado logró escapar por una ventana, pero su esposa fue golpeada y secuestrada. Esto derivó en una segunda denuncia por lesiones, coacción y privación de libertad.
La investigación
Las pesquisas establecieron que los policías habrían actuado bajo las órdenes de un civil contratado para cobrar la deuda. El rastreo de las placas de los vehículos usados en el primer ataque permitió dar con los sindicados.
Tras una serie de allanamientos realizados el viernes, se concretó la captura de los cinco implicados. Entre los aprehendidos figura el agente Manuel Rosendo Z. P., quien permanece hospitalizado bajo custodia policial en la Caja Nacional de Salud, luego de resultar herido en un tiroteo ocurrido el 19 de agosto en la avenida Bush, zona del Cordón Ecológico.
Acciones paralelas
La Dirección General de Investigación Policial Interna (Didipi) abrió un proceso administrativo contra los cuatro uniformados implicados. Mientras tanto, el Ministerio Público informó que continuará impulsando las acciones judiciales para que se revisen las medidas sustitutivas otorgadas por el juez.
