A las tres de la tarde de este lunes, la Cámara de Diputados y Diputadas realizará una sesión especial para votar la reforma que regulariza la multa a los ciudadanos que no voten en elecciones, excluyendo de la sanción a los electores extranjeros.
La iniciativa, presentada en 2019 por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), se reactivó a partir de un acuerdo, al que, durante los últimos días llegaron parlamentarios de oposición, oficialismo y también el gobierno, con el objetivo de destrabar la discusión para establecer una penalización – que fluctúa entre $34 mil y $204 mil –, a quienes no asistan a las urnas.
Esto, en medio de la preocupación de la alianza oficialista por el efecto del voto migrante en las elecciones de fin de año, que creen, particularmente por la comunidad venezolana, podían sufrir un voto de castigo.
En ese contexto, dejar a los extranjeros fuera de la obligatoriedad funcionó como un punto medio para sacar adelante la discusión.
Así, según adelantan algunos diputados, se espera que, en esta jornada, la iniciativa se vote en general, para después ser enviada a la Comisión de Gobierno y se revisen eventuales indicaciones.
Aun así, sobre todo en la alianza de gobierno, uno de los temas que preocupa es que, una vez que el proyecto llegue al Senado, este sea modificado por los representantes de la oposición. Por lo mismo, se solicitó que, al menos, el respaldo de los dos senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, esté garantizado. Lo que algunos aseguran ya fue comprometido.
Al respecto, la diputada Pérez dijo que, “hay varios diputados que han manifestado que aprobarían este proyecto (…) Además, hemos ido generando conversaciones en el Senado para que, una vez que nosotros podamos despachar este proyecto, en la Cámara Alta pueda ser respaldado sin cambiar la forma y el fondo de la iniciativa”.
Por su parte, el Gobierno había manifestado su preferencia por discutir un proyecto que vinculara la aplicación de multas con la limitación del derecho a sufragio de los extranjeros avecindados, permitiéndoles votar solo en elecciones municipales y no en presidenciales ni parlamentarias. En ese contexto, no otorgó urgencia a ninguna de las dos iniciativas que se tramitan en paralelo.
