En un hecho histórico, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó un informe que califica las violaciones cometidas en Colonia Dignidad como una de las más graves y complejas registradas en el país. El documento, de 206 páginas, constituye el primer reconocimiento institucional de que el enclave alemán violó sistemáticamente los derechos humanos de sus víctimas.
“El Estado no intervino de manera inmediata ni eficaz”, afirma el texto, aprobado por unanimidad por el Consejo del INDH. El informe detalla que, desde su fundación en los años 60 hasta bien entrada la democracia, en Colonia Dignidad se practicaron trabajo forzado, torturas, abusos sexuales, desapariciones forzadas y colusión con organismos represores.
La directora del INDH, Consuelo Contreras, sostuvo que, “pocas veces se han documentado tantas formas de abuso en un solo caso, durante un período tan prolongado”. El informe plantea además la urgencia de crear una comisión investigadora oficial y una política pública de memoria, justicia y reparación.
“El Estado no intervino de manera inmediata ni eficaz”, sentencia el informe en una de sus conclusiones más duras.
Se añade que desde su fundación, y hasta bien entrada la democracia, Colonia Dignidad fue escenario de casi todas las formas de atropello consagradas en el catálogo internacional de derechos humanos: trabajo forzado, tortura, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y colusión con organismos represores de la dictadura.
El documento también apoya la intención del Ejecutivo de expropiar terrenos de la ex Colonia, como lo han solicitado las agrupaciones de víctimas, y propone un marco legal para la protección de sitios de memoria.
“Este informe es una señal clara de lo que el país aún debe enfrentar. No podemos hablar de verdad ni reparación mientras el Estado no asuma su responsabilidad histórica”, concluyó Contreras.
La investigación se inició en 2019, pero fue postergada por el estallido social y la pandemia. En enero de 2025, una comitiva del INDH visitó Villa Baviera, donde recogió testimonios y evidencias sobre las graves vulneraciones ocurridas en el lugar.
Por último, cabe indicar que el texto no sólo describe la magnitud del daño, sino que emplaza al Estado a avanzar en medidas concretas: la creación de una comisión oficial que investigue las vulneraciones desde el origen de la colonia, y el diseño de una política pública de memoria, reparación y justicia.
