Risas, fotos posadas y rayados en pleno monumento regional. El grupo vandalizó la icónica obra del escultor Mario Irarrázabal a un costado de la Ruta 5 Norte. La PDI ya estampó la denuncia en Fiscalía, la empresa privada suspendió de inmediato a los trabajadores involucrados y desde el Congreso ya presionan por medidas migratorias drásticas.
Lo que para ellos pareció una broma de minutos desató la furia de toda la Región de Antofagasta. A través de registros audiovisuales viralizados en plataformas digitales, quedó al descubierto el momento exacto en que tres personas rayaron la conocida escultura de la Mano del Desierto, ubicada a 75 kilómetros al sur de la capital regional.
En las imágenes se aprecia al grupo riéndose frente a las cámaras y tomándose fotografías mientras deterioraban la estructura, inaugurada en 1992 y convertida en un símbolo obligado para quienes transitan por la Ruta 5 Norte. El repudio en la zona fue inmediato y escaló rápidamente a las autoridades policiales e institucionales.
La PDI actuó de oficio e ingresó la denuncia a Fiscalía
Las reacciones operativas no tardaron en ejecutarse. Detective de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI tomaron conocimiento de los registros e iniciaron las primeras diligencias para formalizar la investigación penal.
El comisario Tomás Silva confirmó el inicio de las acciones judiciales tras la revisión de los contenidos digitales:
«Funcionarios de esta unidad realizamos una denuncia, mediante oficio, a la Fiscalía a raíz de unas grabaciones que salieron por las redes sociales, donde tres personas realizaban rayados en nuestra Mano del Desierto», detalló el oficial policial.
Suspensión laboral inmediata y querellas en camino
El impacto del caso golpeó de lleno la estabilidad laboral de los acusados. La empresa GTA Chile SpA emitió un comunicado público donde rechazó tajantemente el comportamiento de sus dependientes y confirmó su suspensión de funciones mientras avanza un sumario interno que podría terminar en el despido definitivo.
Por su parte, la Corporación PROA, entidad a cargo de la preservación y mantenimiento del monumento, recalcó que estos actos no constituyen travesuras ni hechos aislados, sino un atentado directo contra la memoria colectiva regional. La organización afina querellas legales para exigir compensaciones económicas y sanciones penales a los responsables.
Presión política para aplicar la expulsión del territorio nacional
El hecho traspasó la esfera judicial e ingresó de lleno al terreno legislativo. El diputado independiente Sebastián Videla condenó con dureza la vandalización de la estructura y apuntó a la presunta condición de extranjeros de los involucrados.
El parlamentario anunció que oficiará a los organismos gubernamentales correspondientes para exigir el máximo rigor de la ley, solicitando evaluar medidas de extranjería drásticas que incluyan la cancelación de permisos de residencia y la expulsión inmediata de Chile.
