El Tribunal Constitucional (TC) cerró este viernes la revisión de la Ley de Reconstrucción, eliminando las exigencias que condicionaban el traspaso de compensaciones a las municipalidades por la exención de contribuciones a la vivienda principal de adultos mayores. La normativa exigía reducir tiempos de tramitación y reportar remuneraciones, condiciones declaradas inconstitucionales por chocar con el carácter redistributivo y solidario del Fondo Común Municipal.
Con esta resolución, la compensación deberá operar de manera íntegra y sin estar supeditada al cumplimiento de metas administrativas por parte de los municipios. La discusión resulta clave para el financiamiento local, dado que la exención a los adultos mayores representa una menor recaudación proyectada en 110 mil millones de pesos para el Fondo Común Municipal y otros 80 mil millones de pesos en ingresos directos comunales.
Ante esta situación, los jefes comunales de diversas zonas del país valoraron transversalmente la dictaminación de la magistratura. La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, sostuvo que los beneficios sociales no pueden quedar condicionados a los recursos disponibles en cada municipio, mientras que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, calificó la determinación del tribunal de alzada como un acto de justicia para las arcas locales.
Adicionalmente, el TC suprimió una cláusula que pretendía permitir a ciertos municipios retener mayores recursos por patentes comerciales y derechos de aseo morosos durante 2027 y 2028 sin aportarlos al pozo común. Tras la sentencia, los municipios celebran el resguardo financiero, aunque se reactiva el debate sobre el financiamiento local y la necesidad de concretar una reforma permanente al sistema municipal.
