Se concluyeron las primeras jornadas de audiencia en la demanda por daño ambiental contra la minera Quiborax S.A. por presunto daño ambiental al Salar de Surire, que está ubicado en la Región de Arica y Parinacota, en la comuna de Putre.
Los ministros del Primer Tribunal Ambiental escucharon las declaraciones de 14 testigos, incluyendo expertos y simples de parte de la demandante y la demandada.
Entre los testigos expertos se encontraban la doctora Cristina Dorador, quien explicó el funcionamiento ecológico del salar, y el doctor Manuel Contreras, quien enfatizó la importancia del monitoreo permanente de los ecosistemas.
También declararon funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quienes destacaron la importancia ecológica del Salar de Surire y los cambios ambientales observados desde el año 2000.
DAÑO AMBIENTAL
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) argumentó que el daño ambiental se originó en la conducta activa de Quiborax, consistente en el desarrollo de actividades extractivas en el Salar desde 1987. Por su parte, la minera afirmó que ha realizado todos sus procesos apegados a las normativas vigentes y contando con todos los permisos sectoriales requeridos.
La audiencia se retomará el próximo 24 y 25 de marzo, cuando se espera que otros 9 testigos sean parte de este proceso. Luego, los ministros deberán determinar si es necesario decretar diligencias probatorias adicionales o si se encuentran en condiciones de adoptar un acuerdo para dictar sentencia posteriormente.
Es importante destacar que el Salar de Surire es un ecosistema único y frágil, que alberga una gran variedad de flora y fauna. La explotación minera en la zona ha generado preocupación entre los ambientalistas y las comunidades locales, quienes temen que el daño ambiental pueda ser irreversible.
La demanda por daño ambiental contra Quiborax es un caso emblemático en la lucha por la protección del medio ambiente en Chile. La sentencia que se dictamine en este caso puede tener un impacto significativo en la forma en que se regulan las actividades extractivas en el país y en la protección de los ecosistemas frágiles como el Salar de Surire.
