Una fuerte y tensa discusión marcó la última sesión del Concejo Municipal de Iquique, donde el alcalde Mauricio Soria arremetió directamente contra el presidente del directorio de la Zona Franca de Iquique, Iván Berríos, por la extensión de la concesión hasta 2050, acusando que la decisión se adoptó sin el debido debate regional.
En medio del intercambio, el Concejo acordó enviar cartas formales al Presidente Gabriel Boric y al candidato presidencial José Antonio Kast, solicitando que no autoricen la prórroga en los términos actuales.
Durante su intervención, Soria acusó que la renovación anticipada “no puede resolverse entre cuatro paredes”, cuestionando la legitimidad política del proceso y advirtiendo que extender la concesión hasta 2050 hipoteca el futuro económico de Iquique y amarra a futuras administraciones a una decisión tomada sin discusión amplia.
El jefe comunal sostuvo que el municipio no se opone al desarrollo ni a la inversión, pero sí a lo que calificó como una determinación inconsulta que compromete estratégicamente a la ciudad por 25 años más. A su juicio, una medida de esta envergadura exige participación de autoridades locales, actores económicos y ciudadanía.
CONCEJALES ADVIERTEN «IMPOSICIÓN» Y RESPALDAN OFENSIVA POLÍTICA
La discusión evidenció un clima de alta tensión política. Concejales manifestaron su molestia por la forma en que se comunicó la extensión de la concesión, señalando que una decisión estructural para la región no puede adoptarse sin diálogo previo.
“No podemos enterarnos por la prensa de una determinación que compromete el futuro económico de la ciudad”, planteó el concejal Rodrigo Oliva durante el debate. Advirtiendo que la renovación hasta 2050 “amarra el desarrollo de Iquique sin una discusión pública profunda”, insistiendo en que el tema dejó de ser técnico y pasó a convertirse en un conflicto político de alcance regional.
Pese a matices en las intervenciones, el Concejo coincidió en respaldar el envío de oficios al Ejecutivo y a actores presidenciales, elevando el conflicto al plano nacional.
Con este acuerdo, la controversia por la extensión de ZOFRI deja de ser una discusión administrativa y se instala como un enfrentamiento político abierto sobre quién define el futuro del principal motor económico de la región.
