Denuncias de funcionarios penitenciarios, reveladas por Radio ADN, apuntan a presuntas irregularidades al interior del Complejo Penitenciario de Acha, donde su jefe habría autorizado visitas especiales fuera de protocolo a un familiar directo, exfuncionario de la PDI, encendiendo alertas por eventuales delitos y exigiendo un sumario administrativo y una investigación penal.
Arica amaneció con una inquietud que traspasó los muros del penal. El Complejo Penitenciario de Acha, una de las principales unidades de reclusión del extremo norte del país, quedó en el centro de la polémica tras graves denuncias que apuntan directamente a su máxima autoridad: el jefe del recinto habría permitido ingresos y visitas especiales a un familiar directo, vulnerando protocolos internos y encendiendo alarmas en el sistema penitenciario.
La información fue revelada por Radio ADN, medio que dio a conocer una acusación presentada por dirigentes gremiales de Gendarmería, quienes sostienen que el teniente coronel Alex Moscoso, jefe de la cárcel de Acha, autorizó visitas irregulares a su primo Mauricio González Durán, exfuncionario de la Policía de Investigaciones, quien estuvo en prisión preventiva por un caso de violencia intrafamiliar.
Ingresos sin control y favores bajo sospecha
De acuerdo con los antecedentes expuestos, una vez que González Durán recuperó su libertad, habría ingresado nuevamente al recinto penitenciario para visitar a otro interno, sin cumplir los requisitos formales, como el enrolamiento obligatorio o la autorización por los canales establecidos. Más grave aún, según la denuncia, el exPDI se habría presentado como funcionario policial activo, situación que —siempre según lo informado por ADN— habría contado con el conocimiento y respaldo del propio jefe de la unidad penal.
Estos hechos, sostienen los denunciantes, no sólo representan una falta administrativa grave, sino que podrían configurar eventuales delitos, al vulnerar normas básicas de seguridad y probidad en un recinto de alta sensibilidad.
El gremio exige sumario y acción penal
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Ignacio Videla, fue categórico al referirse al caso. En declaraciones a Radio ADN, afirmó que la situación fue puesta en conocimiento del director regional de Gendarmería, Christian Vidal, solicitando formalmente la apertura de un sumario administrativo y una investigación penal.
“Cuando él asume la jefatura, lo presenta como primo al resto de la oficialidad y algunos funcionarios. Posteriormente, yo hago la presentación al director regional, donde se le solicita una investigación y un sumario, porque estamos claramente ante un hecho de carácter de delito”, señaló Videla a ADN.
Pese a la gravedad de los antecedentes, hasta ahora —según el mismo medio— no se habrían iniciado acciones administrativas concretas, lo que ha aumentado la molestia y desconfianza al interior del recinto.
Traslados, silencio y antecedentes previos
En paralelo, versiones internas citadas por Radio ADN indican que el director regional de Gendarmería, Christian Vidal, podría ser trasladado a otra región, eventualmente a O’Higgins, en medio de este complejo escenario, lo que ha sido interpretado por algunos funcionarios como una señal de salida política más que una respuesta institucional.
El cuestionamiento a la jefatura del penal no sería nuevo. De acuerdo con antecedentes internos mencionados en la denuncia, Alex Moscoso mantiene registros previos por presuntas agresiones a internos y ausencias laborales, situaciones que en el pasado habrían sido sancionadas únicamente con censuras, sin mayores consecuencias, permaneciendo hasta hoy en funciones.
Una señal de alerta para el sistema penitenciario
El caso reabre el debate sobre los controles internos en Gendarmería, la transparencia en el ejercicio del mando y la delgada línea entre la autoridad y el abuso de poder dentro de los recintos penales. Para los funcionarios, lo ocurrido en Acha no puede quedar en el silencio administrativo.
Mientras se espera una respuesta oficial de Gendarmería a nivel central, las denuncias difundidas por Radio ADN ya instalaron una pregunta incómoda pero inevitable:
¿quién vigila a quienes tienen la llave de las cárceles?
