El Servicio Local de Educación Pública Chinchorro (SLEPCh) enfrenta uno de los mayores procesos disciplinarios de su historia. La Contraloría General de la República ordenó abrir 511 sumarios administrativos por presunto uso irregular de licencias médicas para salir del país, luego de detectar más de mil permisos médicos asociados a viajes al extranjero entre directivos, docentes y funcionarios no docentes.
La medida fue instruida el 12 de septiembre, tras conocerse los antecedentes incluidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, documento que ubicó al SLEP Chinchorro en el segundo lugar del ranking nacional por este tipo de situaciones. La magnitud del caso ha generado alarma tanto en el ámbito educativo como en el gremial, debido a las posibles consecuencias laborales y al impacto que podría tener en el sistema escolar público de Arica y Parinacota.
UN PROCESO SIN SANCIONES INTERMEDIAS
El mayor problema radica en que la mayoría de los involucrados son profesores regidos por el Estatuto Docente, normativa que solo contempla dos escenarios ante una falta comprobada: la absolución o la destitución. Es decir, no existen medidas disciplinarias intermedias como suspensión o multa, lo que aumenta la tensión al interior del organismo.
El director ejecutivo subrogante del SLEPCh, Julio Verdejo Aqueveque, sostuvo una reunión con la directiva regional del Colegio de Profesores, encabezada por Felicidad Vertiz Blanco, donde explicó que la información detallada sobre la cantidad de docentes involucrados se mantiene en reserva por tratarse de una materia confidencial. Sin embargo, el gremio ha solicitado reiteradamente conocer la magnitud real del impacto dentro de las escuelas de la región.
PREOCUPACIÓN GREMIAL: “UNA MEDIDA ASÍ PUEDE DESMANTELAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA”
Para la presidenta del Colegio de Profesores de Arica y Parinacota, Felicidad Vertiz Blanco, la situación es de alta preocupación.
“El Estatuto Docente ofrece solo dos salidas: la absolución o la destitución. Si se aplica un criterio estricto y se destituye a un número importante de maestros, simplemente no habrá reemplazos en la región. Eso podría paralizar el funcionamiento de varios establecimientos educacionales”, advirtió.
La dirigenta gremial agregó que, en muchos casos, las licencias médicas utilizadas no tuvieron fines recreativos, sino razones médicas legítimas.
“Muchos docentes viajan a Tacna para atenderse, porque en Arica no hay suficientes especialistas y la atención privada es muy cara. No podemos condenar a los profesores sin considerar esa realidad. Creer que todos viajaron por placer es injusto y desconoce las carencias del sistema de salud local”, enfatizó.
Vertiz recordó que el SLEPCh ya había detectado un alto nivel de deterioro en la salud mental de los docentes durante el último año. Como respuesta, el exdirector ejecutivo Hary Donoso López había impulsado la creación de un equipo de psicólogos para apoyar al personal educativo, medida que, según la dirigenta, debería mantenerse de manera urgente.
“Los profesores enfrentan estrés, agresiones de apoderados y sobrecarga laboral. Si no se aborda el problema de fondo, seguirán aumentando las licencias y los conflictos internos”, señaló.
CÓMO SE DESARROLLARÁN LOS SUMARIOS
El SLEPCh confirmó que el 17 de septiembre se iniciaron los primeros seis sumarios contra directivos de la administración central, a cargo de un fiscal proveniente del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), entidad dirigida regionalmente por Gladys Acuña Rosales, militante del mismo partido que el actual director subrogante del SLEPCh.
Posteriormente, el 23 de septiembre, se instruyeron otros 505 procesos agrupados en 30 sumarios paralelos, cada uno bajo la responsabilidad de un fiscal designado para garantizar imparcialidad y jerarquía respecto de los funcionarios investigados.
El 3 de octubre, todos los fiscales recibieron una capacitación intensiva de tres horas por parte del equipo jurídico del SLEPCh, con el fin de uniformar criterios y cumplir con las exigencias de la Contraloría en este tipo de investigaciones.
RIESGOS INSTITUCIONALES Y EDUCATIVOS
El impacto de los sumarios podría ser considerable. Si se llegara a aplicar la destitución de una cantidad significativa de docentes, el sistema educativo local podría enfrentar una grave falta de personal calificado. El Colegio de Profesores advirtió que esto abriría la puerta a que las vacantes sean llenadas “con criterios políticos o administrativos, sin asegurar la calidad educativa”.
Además, la crisis se da en medio de un proceso de implementación del nuevo modelo de educación pública, donde los Servicios Locales aún buscan consolidar su gestión tras la desmunicipalización. Para los especialistas en políticas educativas, un conflicto de esta magnitud podría afectar la confianza de la comunidad escolar y frenar el fortalecimiento del sistema.
MÁS ALLÁ DE LAS SANCIONES
Desde el gremio docente se insiste en que el tema debe analizarse con una mirada integral. “No se trata solo de sancionar —dijo Vertiz— sino de entender por qué tantos profesores recurren a licencias médicas prolongadas. Eso refleja un sistema que los enferma, no que abusen de él”.
Mientras tanto, el SLEPCh asegura que garantizará el debido proceso y que cada investigación se llevará adelante “respetando la confidencialidad, la imparcialidad y el derecho a defensa de todos los involucrados”.
El resultado de los sumarios se conocerá en los próximos meses. De confirmarse las faltas, el caso del SLEP Chinchorro podría convertirse en un precedente nacional sobre la fiscalización del uso de licencias médicas en el sistema educativo público.
