«Hoy es el día número 52 desde que mi vida cambió y dio un giro de 180 grados. Los primeros días pensaba que era un mal sueño y que al despertar todo volvería a la normalidad» —así comienza la carta escrita por María Fernanda Rebolledo, exfuncionaria de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), actualmente en prisión preventiva en Iquique.
Un testimonio que remeció las redes sociales reabrió el debate sobre el involucramiento de militares en el narcotráfico en el norte de Chile. María Fernanda Rebolledo, exintegrante de la Fuerza Aérea, asegura ser víctima de un error que la mantiene en prisión preventiva.
El texto, difundido en TikTok por su prima Michelle Cruces, mezcla dolor, acusaciones de traición y la defensa de su inocencia. Rebolledo afirma estar viviendo un “infierno” tras ser detenida junto a otros cuatro exintegrantes de la institución, imputados por integrar una red que trasladaba ketamina desde Tarapacá a Santiago a bordo de vuelos institucionales.
«Jamás habría puesto en riesgo el trabajo que tanto amaba por un hecho como el que se me acusa», escribió la excabo, quien asegura que todo fue un acto de camaradería que terminó en tragedia.
El día que todo estalló
El 2 de julio de 2025, un vuelo militar desde Iquique a Santiago levantó las alarmas. Al interior de una maleta que abordó la aeronave se ocultaban más de cuatro kilos de ketamina, una droga utilizada tanto en medicina como en el mercado recreativo.
La investigación de la Fiscalía Regional de Tarapacá reveló que este no era un hecho aislado: la red había operado al menos en tres envíos anteriores, generando ganancias que superarían los 60 millones de pesos por cargamento.
Ese día, la Policía de Investigaciones y la fiscalía interceptaron la operación, abriendo una de las causas más sensibles que ha enfrentado la FACh en los últimos años.
Los acusados y sus roles
El caso no solo sacudió a la opinión pública, sino también al interior de la institución. Los imputados —todos dados de baja— cumplían funciones específicas dentro de la red:
- Elías Nataniel Villalonga Martínez: sindicado como líder, quien coordinaba la compra de ketamina y el financiamiento de los envíos.
- Mauricio Alejandro Ponce Dinamarca: organizaba la logística y mantenía contactos externos.
- Danilo Ignacio Rivas Pulgar: encargado de recibir y almacenar la droga en domicilios particulares.
- Rodrigo Ignacio Silva Fuentes: mecánico en la base aérea, habría facilitado el ingreso de las maletas al avión.
- María Fernanda Rebolledo Díaz: jefa de cabina en el vuelo investigado, acusada de permitir que la droga pasara sin controles. Ella niega esa versión.
Todos cumplen prisión preventiva tras ser formalizados por tráfico de drogas y asociación ilícita.
El modus operandi
Según la investigación, la red aprovechaba vuelos institucionales de la FACh para trasladar la droga. La logística era precisa:
- Compra en el norte: la ketamina se adquiría en Tarapacá.
- Almacenamiento privado: la droga era guardada en domicilios de confianza antes de ser trasladada a la base aérea.
- Ingreso a la aeronave: un funcionario facilitaba la maleta con la sustancia ilícita.
- Traslado a Santiago: con la cobertura de un vuelo militar, el cargamento evitaba controles regulares.
- Distribución: ya en la capital, la droga era entregada a contactos externos para su venta.
La utilización de aeronaves militares otorgaba a la red una ventaja estratégica: aparente inmunidad frente a controles policiales o aduaneros.
La defensa de Rebolledo
En su carta, Rebolledo sostiene que fue víctima de una deslealtad institucional. Afirma que la FACh, institución a la que dedicó años de su vida, le “dio la espalda desde el minuto uno”.
También insiste en que su rol fue meramente circunstancial: “Lamentablemente me tocó estar en el vuelo, momento y lugar equivocado, donde confié en una persona incapaz de hacerme algo así. Simplemente hicimos un acto de camaradería y caímos en manos sucias”.
Su testimonio ha movilizado una campaña en redes sociales liderada por su familia, que difunde su inocencia bajo el lema: “Fer es inocente”.
El impacto en la institución
Para la FACh, el caso representa un golpe simbólico y operativo. La participación de funcionarios —con entrenamiento, conocimiento de protocolos y acceso privilegiado— plantea preguntas incómodas:
- ¿Existen fallas en los sistemas de control interno?
- ¿Cuánto sabían los mandos superiores?
- ¿Se han reforzado las revisiones a vuelos y cargas internas tras el escándalo?
Hasta ahora, la institución ha optado por el silencio público, limitándose a confirmar la baja de los involucrados y a colaborar con la fiscalía.
Una investigación abierta
El Consejo de Defensa del Estado se sumó al proceso con querellas, mientras la Fiscalía de Tarapacá continúa reuniendo pruebas. Entre ellas: comunicaciones por WhatsApp, registros de vuelo, declaraciones de testigos y peritajes químicos sobre la ketamina incautada.
Las defensas de los acusados, en paralelo, sostienen que la prueba es insuficiente para acreditar la participación consciente de todos los imputados, en especial de Rebolledo.
El juicio oral podría tardar meses en llegar, pero desde ya el caso se proyecta como uno de los más delicados en la relación entre Fuerzas Armadas y crimen organizado en Chile.
Más que un caso individual
El caso Rebolledo no es solo la historia de una exfuncionaria que clama inocencia. Es también la radiografía de cómo el narcotráfico logra penetrar instituciones estatales, aprovechar privilegios y convertir debilidades internas en rutas seguras para sus operaciones.
Mientras ella escribe cartas desde la cárcel describiendo su vida como un “infierno”, la justicia avanza con la convicción de que este episodio no fue un accidente, sino una red organizada con objetivos claros: traficar droga usando al Estado como escudo.
Epílogo: la espera
María Fernanda Rebolledo aguarda tras las rejas. Su carta emociona a sus cercanos, pero no cambia, por ahora, la fuerza de los cargos que enfrenta.
El vuelo del 2 de julio sigue marcando un antes y un después en la FACh. Y hasta que la justicia hable, seguirá la tensión entre dos relatos: el de la fiscalía, que acusa una banda criminal con militares a la cabeza, y el de una mujer que asegura ser apenas una víctima del momento equivocado.
