Patricia Jabre habla lento. Cada palabra parece pesarle en el pecho. Han pasado más de veinte años desde que su hija Macarena del Carmen Sánchez Jabre desapareció en Alto Hospicio, pero la herida sigue abierta. No cicatrizó nunca. Hoy vuelve a sangrar con fuerza, luego de conocer la existencia de un proyecto de ley que podría permitir beneficios carcelarios para Julio Pérez Silva, condenado por el secuestro y asesinato de catorce jóvenes.
“Si lo dejan salir, es como matar a mi hija otra vez. A ella nadie le dio compasión”, dice con la voz quebrada.
Macarena tenía apenas 13 años cuando desapareció el 24 de noviembre de 1999. Era estudiante. Salió de su casa y nunca volvió. Con el tiempo, su nombre se sumó a la lista de las llamadas “Reinas de la Pampa”, jóvenes secuestradas y asesinadas entre 1998 y 2001. Un caso que estremeció al país y que dejó al descubierto la negligencia del Estado.
“Nos dijeron que nuestras hijas se habían ido por su cuenta, que estaban en malos pasos, que eran fugadas. Nos hicieron sentir culpables por buscarlas”, recuerda Patricia.
Durante meses, ella caminó el desierto preguntando por su hija. “A mi hija no la buscó la policía, la busqué yo. Yo andaba con su foto en la mano, golpeando puertas. Nadie me ayudó”.
Hoy, al escuchar que el condenado podría acceder a beneficios por edad o salud, el dolor vuelve como un golpe inesperado. “Terminé hospitalizada cuando supe esto. Mi hijo tuvo que llamar a la ambulancia. Me faltaba el aire. Sentí que el Estado me estaba traicionando de nuevo”.
“ÉL ENVEJECIÓ, MI HIJA SE QUEDÓ CON 13 AÑOS”
Patricia no entiende cómo se puede hablar de humanidad hacia quien destruyó tantas vidas. “Hablan de que está viejo, de que está enfermo. ¿Y mi hija? Mi hija se quedó para siempre con 13 años”.
Su voz se endurece. “Él envejeció en la cárcel. Mi hija no envejeció. No fue madre. No fue adulta. No vivió nada”.
Para Patricia, el proyecto no solo es una mala señal jurídica, sino una agresión moral. “Primero no las buscaron. Después nos trataron como mentirosas. Y ahora quieren darle derechos al asesino. ¿Dónde están los derechos de nuestras hijas?”.
UNA HERIDA QUE NUNCA CERRÓ
El nombre de Macarena aparece hoy en homenajes, informes de derechos humanos y documentales como Réquiem de Chile de TVN. Su historia es parte de la memoria colectiva del país. Pero para su madre, no es memoria: es presente.
“Mi hija no es un número. No es un caso antiguo. Es una niña que el Estado no protegió”, afirma. Cada noticia relacionada con beneficios carcelarios reabre el trauma. “Cuando escucho que quieren dejarlo salir, siento que mi hija vuelve a desaparecer”, dice entre lagrimas la madre desesperada.
Patricia también denuncia que nadie ha contactado a las familias para explicarles el proyecto. “Nadie nos llamó. Nadie nos preguntó qué sentimos. Deciden desde lejos, como si este dolor ya hubiera pasado”.
“NO QUIERO VENGANZA, QUIERO JUSTICIA”
La madre insiste en que su lucha no es por odio. “No quiero venganza. Quiero que se cumpla la condena completa. Eso fue lo único que nos prometieron”. A su juicio, liberar o beneficiar al condenado envía un mensaje devastador.
“Les están diciendo a las familias que los crímenes más horrendos pueden tener perdón legal, pero nuestro dolor no tiene perdón”. Y agrega: “¿Qué le digo yo a mi hija en el cementerio si lo dejan salir? ¿Qué su muerte ya no importa?”.
“YO HABLO POR MI HIJA, PORQUE ELLA YA NO PUEDE”
Patricia reconoce que su salud está deteriorada. Padece depresión severa y problemas cardíacos. Aun así, no piensa callar. “Yo hablo por mi hija porque ella ya no puede hablar. Yo soy su voz”.
Dice que seguirá denunciando lo que considera una injusticia. “No me voy a quedar callada. Si este proyecto avanza, es como enterrarnos vivas a las madres otra vez”.
Mientras el Congreso discute criterios humanitarios y técnicos, en Alto Hospicio la historia sigue viva en cada madre que aún espera justicia. Porque para ellas, la justicia no es un debate legal. Es la única forma de que sus hijas no mueran por segunda vez.
EN QUÉ ETAPA ESTÁ EL PROYECTO Y QUÉ SE DEFINIRÁ EN MARZO
El proyecto de ley que permitiría el cumplimiento alternativo de condenas para personas mayores de 80 años, enfermos terminales o con menoscabo físico grave se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional en el Senado.
La iniciativa inició su discusión general en Sala el 22 de enero de 2026, luego de ser aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Sin embargo, debido al receso legislativo de febrero, su tramitación quedó suspendida y se retomará durante la primera semana de marzo de 2026.
El debate se ha tensionado porque, en su redacción actual, el proyecto no excluye de manera explícita delitos graves, lo que abriría la puerta a que condenados por violación, homicidio y crímenes contra menores puedan optar a la reclusión domiciliaria total.
El Gobierno ha advertido que la iniciativa presenta graves falencias técnicas y ha exigido introducir indicaciones para dejar fuera del beneficio a condenados por:
- Delitos sexuales, especialmente contra niños, niñas y adolescentes.
- Homicidios y crímenes violentos.
- Delitos de lesa humanidad, incluidos los internos de Punta Peuco.
Además, se discute que la edad por sí sola no sea suficiente y que el beneficio solo se otorgue cuando exista un diagnóstico médico certificado por el Servicio Médico Legal, que acredite enfermedad terminal o un deterioro físico incompatible con la vida carcelaria.
Si el proyecto es aprobado en general por la Sala del Senado en marzo, deberá volver a comisión para su discusión en particular antes de pasar a la Cámara de Diputados. Si es rechazado, podría quedar archivado o ser reformulado completamente.
Para las familias de las víctimas de Alto Hospicio, esta discusión no es técnica ni abstracta.
Es la posibilidad concreta de que el asesino de sus hijas vuelva a salir a la calle.
