FOTO: CONGRESO NACIONAL
La Sala del Senado aprobó en general y en particular el proyecto de Ley Naín-Retamal, proyecto que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil. De este modo, y tras más de 10 horas de debate, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputadas y Diputados.
Después de que la propuesta obtuviera 40 apoyos y sólo cinco votos en contra, el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, dio paso a la discusión en particular de la iniciativa, que contó con más de 120 indicaciones del Ejecutivo y los parlamentarios.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La Sala aprobó por mayoría la renovada indicación clave del proyecto, en torno a la legítima defensa.
El apartado sostiene que «se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa».
«Los Tribunales, según las circunstancias y si estas demostraren que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en virtud de uno, dos o tres grados, salvo que concurra dolo», precisa.
PLANTEAMIENTOS
Entre los argumentos esgrimidos a favor de la iniciativa se mencionó que ésta «otorga herramientas al Estado para asegurar el orden público» y permite que «las policías puedan cumplir sus labores de orden y seguridad con mayores certezas jurídicas». Asimismo, se busca «dar mayor protección y garantías para que las policías, gendarmería y las Fuerzas Armadas (cuando cumplen rol de orden público), la policía marítima y la Dirección General de Aeronáutica, puedan cumplir su labor».
Agregaron que tales atribuciones, así como la figura de la legítima defensa no implica que haya impunidad, pues el proyecto no exime «per sé» la responsabilidad penal del funcionario policial, pues «para que opere esa figura tendrá que operar el Ministerio Público».
No obstante, en el sentido contrario, hubo senadores y senadoras que advirtieron que existen «inconsistencias» en la iniciativa y un tratamiento «confuso» en cuanto a las normas de legítima defensa privilegiada que podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, por lo que plantearon «resolver de mejor manera estos aspectos en una Comisión Mixta o con un veto presidencial».
Señalaron que tal como está el proyecto se podría considerar como una «ley gatillo fácil» que además podría derivar en una suerte de «impunidad retroactiva». Agregaron que existen «otras falencias en lo relativo a eximir de responsabilidad del mando» y otras disposiciones que no estarían bien resueltas en la iniciativa y que irían en directo desmedro de la protección y respeto de los derechos humanos.
En la contraparte, hubo quienes justificaron que no se trata de una norma que pueda ser tachada de «gatillo fácil», pues es una «necesidad de devolverle a las policías la legítima defensa en el cumplimiento de sus funciones». Señalaron que «esta iniciativa protegerá a los policías que hacen uso racional de la fuerza».
