El jefe de las finanzas públicas justificó las drásticas medidas de la Tesorería General de la República recordando que la morosidad le cuesta al Estado 500 millones de dólares anuales que van directo a la banca. No obstante, anunció que buscará una «solución distinta» para los deudores con ingresos inferiores a los $3,5 millones.
Una intensa polémica política y social se ha desatado en el país tras los masivos reportos de usuarios de redes sociales y contribuyentes que denuncian que la Tesorería General de la República (TGR) procedió a «vaciar» sus cuentas bancarias mediante órdenes de embargo. La medida, enmarcada en la ofensiva del Ejecutivo para recuperar los montos del Crédito con Aval del Estado (CAE), levantó inmediatos reproches desde sectores de la oposición. Ante esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de las críticas de manera tajante tras participar en la comisión de Hacienda del Senado, ratificando la continuidad de los cobros y enviando un duro mensaje: “Las deudas se pagan (…). Vamos a seguir cobrando”.
El secretario de Estado argumentó que el CAE representa un beneficio que se financió con el esfuerzo de la ciudadanía mediante la recaudación de impuestos basales como el IVA, y lamentó los profundos niveles de incobrabilidad. “Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar US$500 millones en pasarle la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado”, fustigó el jefe de la billetera pública, transparentando el millonario impacto fiscal de la morosidad.
Radiografía a los embargados: Sueldos de alta gama e incentivo a la reprogramación
Frente al revuelo generado por las cuentas bancarias congeladas, el ministro Quiroz matizó las cifras para dar cuenta del perfil de los deudores ejecutados. Según detalló, el Ejecutivo realizó hace casi 90 días un llamado formal para que los morosos se acercaran de manera voluntaria a regularizar su situación. Si bien ese proceso dio muy buen resultado con prácticamente 30 mil personas que se han acercado a reprogramar, una facción menor de la cartera de clientes no respondió a las alertas.
En esa línea, Quiroz precisó que el universo de cuentas intervenidas por la Tesorería es acotado, afectando a menos de 1.500 personas en todo el país. Lo sorpresivo de la jornada fue el tramo de ingresos de este grupo expuesto por el secretario de Estado: “Buena parte son sueldos arriba de $3 millones al mes, e incluso gente que gana más de $5 millones al mes también”, destapó la autoridad, apuntando a que las acciones coactivas fiscales se han concentrado primordialmente en profesionales de altos ingresos.
Apertura a flexibilizar la estrategia para sueldos inferiores a $3,5 millones
Pese a mantener la firme postura de resguardo del patrimonio fiscal, el ministro de Hacienda se mostró abierto a revisar los criterios de embargo respecto a los deudores de la clase media que perciben salarios menores dentro de la escala profesional chilena.
En este contexto, Quiroz anunció de manera oficial que conversará formalmente con la Tesorería General de la República para buscar una “solución distinta” al embargo de cuentas bancarias para aquellas personas deudoras que certifiquen sueldos bajo los $3,5 millones mensuales. Con esta concesión, el Gobierno pretende bajar la tensión de las denuncias de descapitalización familiar y, al mismo tiempo, redireccionar la presión fiscal exclusivamente hacia las rentas más acomodadas.
Finalmente, el jefe de las finanzas públicas insistió en que el espíritu de la Tesorería no busca asfixiar financieramente a los profesionales, sino forzar un ordenamiento del sistema. “Reiteramos que el objetivo principal es que la gente se acerque y reprograme. Va a haber todo tipo de facilidades”, concluyó, manteniendo abierta la ventanilla de la TGR antes de que se liberen nuevos decretos de cobranza judicial.
