Un sumario administrativo reveló una «cadena de errores» en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. La magistrada Irene Rodríguez reconoció que suscribió el documento que contenía la palabra «libertad» sin revisar su contenido, a pesar de que el imputado acababa de recibir la medida de prisión preventiva.
Lo que debía ser un trámite judicial de rigor terminó en un escándalo para el sistema de justicia chileno. Una investigación administrativa interna puso al descubierto la negligencia que permitió que Osmar Ferrer, presunto sicario vinculado al homicidio del empresario José Felipe Reyes Ossa (el «Rey de Meiggs»), saliera caminando de la cárcel.
Una firma a ciegas
El incidente ocurrió el pasado 9 de julio. Según el sumario, ese mismo día se había dictado la prisión preventiva para Ferrer debido a su peligrosidad y vínculo con el robo con homicidio del conocido comerciante de Estación Central. Sin embargo, en medio del flujo de trabajo del tribunal, la jueza Irene Rodríguez autorizó una orden de salida.
En su declaración ante la Fiscalía, la magistrada fue tajante al admitir su responsabilidad: no se percató de lo que estaba firmando. Rodríguez reconoció que fue un error no haber examinado cuidadosamente la resolución que, de manera insólita, incluía la palabra “libertad” en lugar de confirmar su reclusión.
La «Cadena de Errores»
Mario Cabrera, administrador del tribunal, explicó que el fallo no fue solo de la jueza. El sumario describe una estructura de trabajo deficiente que incluyó:
- Error técnico: Una funcionaria del tribunal redactó incorrectamente el documento.
- Falta de prolijidad: La jueza no verificó lo redactado antes de estampar su firma digital.
- Falla de Gendarmería: El servicio penitenciario recibió la orden de libertad y la de prisión preventiva simultáneamente, pero no advirtió la incongruencia y procedió a liberar al sujeto.
Infracción a los deberes judiciales
El sumario determinó que actuar de esta forma constituye una infracción grave a los deberes funcionales de un magistrado, según lo estipulado en el Código Orgánico de Tribunales. La investigación ahora busca establecer sanciones mientras la Fiscalía intenta subsanar las consecuencias de esta «libertad por error» que dejó a un presunto asesino a sueldo fuera del radar de la justicia.
El caso del «Rey de Meiggs» ha sido uno de los más mediáticos debido a la violencia del crimen, y este nuevo antecedente pone en tela de juicio los protocolos de control y coordinación entre los tribunales y las instituciones penales del país.
