Tras cuatro jornadas de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó las medidas cautelares gravosas solicitadas por el Ministerio Público, decretando únicamente arraigo nacional para Alberto Larraín y los demás involucrados.
En una resolución que representa un duro golpe para la estrategia de la Fiscalía Regional de Antofagasta, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este martes la solicitud de prisión preventiva para los cinco imputados en la arista de la Fundación ProCultura. El magistrado Patricio Álvarez no solo descartó la cárcel para los formalizados, sino que también desestimó la medida de arresto domiciliario total, dejando a los acusados con la libertad restringida únicamente por la prohibición de abandonar el país.
Los alcances del fallo judicial
De esta manera, Alberto Larraín (representante legal de la fundación), María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron bajo la medida de arraigo nacional. Durante la lectura de la resolución, el tribunal consideró que los antecedentes presentados no permitían establecer con claridad la existencia de delitos de naturaleza penal, a pesar de las posibles discusiones sobre los procedimientos administrativos.
El juez fijó, además, un plazo de investigación de 90 días para que el Ministerio Público intente recabar mayores pruebas que sustenten su tesis.
Argumentos de la defensa: «Imputación difusa»
La defensa de Alberto Larraín, liderada por el abogado Cristián Arias, fue enfática en señalar que la acusación de la Fiscalía carecía de «precisión jurídica» y de sustento serio. Entre los puntos clave expuestos por la defensa destacaron:
- Ausencia de fraude: Se sostuvo que no existen indicios de que los imputados hayan defraudado al Fisco ni de que Larraín haya tenido un rol de apropiación de dineros.
- Destino de los fondos: Respecto a los $1.600 millones cuestionados, la defensa enfatizó que «el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín».
- Proyectos reales: El tribunal observó que los antecedentes mostraban proyectos que no eran «de pantalla», sino ejecuciones reales dentro de una fundación con 15 años de trayectoria.
- Colaboración: Se destacó que Larraín ha colaborado activamente durante los casi dos años de indagatoria y que no sale del país desde 2023 debido a la investigación.
Salida del Centro de Justicia
Al finalizar la audiencia, Alberto Larraín se retiró del recinto judicial en silencio, sin responder a las interrogantes de los medios de comunicación presentes. Su defensa cerró los alegatos reiterando que cualquier medida privativa de libertad resultaba «desproporcionada», dado que su representado no constituye un peligro para la sociedad.
Esta decisión pone en duda la solidez de la investigación del Ministerio Público en una de las aristas más complejas del denominado Caso Convenios, al no lograr acreditar, en esta instancia, la configuración de delitos penales de gravedad.
