La justicia habló alto y claro. La Corte de Apelaciones de Iquique ratificó la condena contra el alcalde de Pica, Iván Infante Chacón, en un caso que desnuda abusos de poder, hostigamiento laboral y silencios cómplices dentro del municipio. La resolución confirma que el edil deberá pagar una indemnización de $20 millones de pesos a Marta Bauman Figueroa, funcionaria que fue despedida tras denunciar presuntas irregularidades en la administración comunal.
El costo de decir la verdad
Lo que comenzó como un acto de valentía terminó convirtiéndose en una pesadilla. Marta Bauman, contratada a honorarios por la Municipalidad de Pica, descubrió y denunció irregularidades en el manejo de recursos públicos. Pero su decisión de hablar tuvo consecuencias: fue aislada, hostigada y finalmente despedida, según estableció la justicia.
El tribunal concluyó que su salida no fue casual. La sentencia describe un “clima de acoso y maltrato laboral”, donde la funcionaria fue marginada sistemáticamente tras levantar la voz. La Corte sostuvo que el municipio no tomó ninguna medida de protección, pese a tener conocimiento directo de las denuncias que involucraban a funcionarios de confianza del alcalde.
Una justicia que no se dejó presionar
En su fallo, la Corte de Apelaciones fue categórica al confirmar la resolución del Juzgado del Trabajo de Pozo Almonte, que había determinado la existencia de una relación laboral encubierta —pese a los contratos a honorarios— y una vulneración grave de derechos fundamentales.
El considerando 25° del dictamen no deja espacio a interpretaciones: la trabajadora “sufrió ansiedad, angustia y un daño moral sostenido en el tiempo” debido al actuar omisivo del municipio y de su máxima autoridad.
El tribunal sostuvo que el alcalde Infante “omitió adoptar medidas destinadas a resguardar la integridad psíquica y dignidad de la funcionaria, pese a conocer la situación de hostigamiento”, lo que configura una infracción directa al artículo 19 N°1 de la Constitución.
“No protegieron a la denunciante, la castigaron por hablar”
El abogado Enzo Morales, representante de la afectada, destacó el carácter ejemplar del fallo:
“Esta sentencia demuestra que no se puede castigar a un trabajador por denunciar corrupción. El alcalde sabía lo que estaba ocurriendo y no hizo nada. El tribunal le recordó que la autoridad no está por encima de la ley”, sostuvo.
Morales añadió que este caso abre un precedente clave en Chile: los funcionarios a honorarios también pueden ser reconocidos como trabajadores cuando existe subordinación y continuidad, y por tanto gozan de protección frente a despidos injustificados o represalias.
Una historia que sacude a Pica
El caso de Marta Bauman no es solo una victoria personal, sino un llamado de atención al aparato público. La justicia reveló que dentro del municipio existía un patrón de maltrato y silencio, donde quienes denunciaban eran apartados o intimidados.
La Corte determinó que la Municipalidad de Pica vulneró la integridad emocional y laboral de la funcionaria, y que su despido fue una forma de represalia encubierta.
El fallo ordena el pago de $20 millones por concepto de daño moral, además del reconocimiento de vínculo laboral y otras compensaciones asociadas.
El mensaje de fondo
Este fallo no solo golpea al alcalde Iván Infante, sino que envía una señal potente a todo el país: la corrupción no se combate silenciando a quienes la denuncian.
El precedente deja claro que los municipios deben garantizar entornos laborales seguros, libres de represalias, y proteger a quienes se atreven a alzar la voz contra malas prácticas.
Mientras el alcalde enfrenta las repercusiones políticas y legales, la historia de Marta Bauman se alza como símbolo de resistencia y justicia, recordando que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.
El eco de un fallo histórico
El caso ya genera repercusiones más allá de Pica. Organizaciones de trabajadores municipales y agrupaciones ciudadanas destacan la resolución como una victoria para la transparencia y los derechos laborales, subrayando la importancia de que el Estado proteja a quienes denuncian irregularidades desde adentro.
Con esta sentencia firme, la justicia tarapaqueña envía un mensaje claro: el poder no puede ser excusa para abusar ni silenciar.
Revisa la resolución de la Corte de Apelaciones aquí:
