El tribunal oral en lo penal de Iquique reagendó para el día 4 de agosto de 2025 el juicio oral en contra los funcionarios municipales MAHO, Francisco Lizana Catalán (Director de Administración y Finanzas); Rubén Rivera Tudela (Jefe de Finanzas); y Lorena Segovia Marín (Jefa de Recursos Humanos); por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de dinero por la suma de $200.000.000.- (doscientos millones de pesos), delitos de corrupción cometidos concertadamente, en el ejercicio de sus cargos, durante el periodo en que Ramón Galleguillos era el alcalde de la comuna de Alto Hospicio (años 2015 y 2016).
Los tres funcionarios fueron acusados por el Ministerio Público por el desfalco de $200 millones en perjuicio de la Municipalidad de Alto Hospicio (MAHO), delitos que cometieron coludidos mediante la confección de listados de funcionarios inexistentes, los que enviaban al Banco BCI para solicitar la apertura de cuentas bancarias municipales, luego, los mismos acusados, desde la cuenta bancaria de la MAHO depositaban remuneraciones mensuales por servicios no prestados, dineros municipales que finalmente eran repartidos entre ellos para fines personales.
Enzo Morales, querellante, señaló: «Ante la renuncia sorpresiva del abogado defensor particular del acusado Francisco Lizana Catalán, la defensoría penal pública tuvo que asumir la defensa del acusado una semana antes del inicio del juicio programado para el 7 de abril de 2025, por esa razón, el tribunal oral fijó nueva fecha de juicio oral para el mes de agosto».
«Esta maniobra realizada por la defensa no impedirá que la opinión pública sepa que los tres funcionarios de exclusiva confianza de Ramón Galleguillos, se robaron el dinero, sin ser fiscalizados por los jefes de contabilidad, finanzas, control interno, auditor y el propio alcalde.
De igual forma, desde el año 2017 hasta la actualidad, el alcalde Patricio Ferreira, en conocimiento del fraude y la participación de los funcionarios corruptos, respaldó, protegió y mantuvo en sus cargos a estos funcionarios municipales acusados por corrupción.
Por lo anterior, ambos alcaldes, deberían haber sido destituidos de su cargo e inhabilitados para ejercer cualquier cargo público por respaldar la corrupción municipal, cometido frente a sus ojos por funcionarios de su exclusiva confianza».
