Si el Senado aprueba la reforma, las Fuerzas Armadas podrán realizar controles, registros y detenciones en frontera, bajo un mando militar unificado con Carabineros y la PDI.
UN GIRO HISTÓRICO EN LA SEGURIDAD NACIONAL: GOBIERNO PONE EN MARCHA REFORMA PARA BLINDAR LAS FRONTERAS CON PODER MILITAR DIRECTO
En medio de una creciente presión ciudadana por la crisis migratoria y los brotes del crimen organizado en el norte del país, el Ejecutivo ingresó al Senado una reforma constitucional que podría cambiar radicalmente la forma en que Chile protege sus fronteras. La propuesta, de alto calibre político, habilitaría al Presidente de la República a ordenar el despliegue de las Fuerzas Armadas mediante un decreto supremo fundado, sin requerir la venia previa del Congreso Nacional.
La Comisión de Constitución del Senado será la encargada de analizar esta iniciativa que, de aprobarse, marcaría un antes y un después en la relación entre el poder civil y el militar en materia de seguridad interior. En palabras simples: el Presidente podría activar a las Fuerzas Armadas para custodiar las zonas fronterizas en cualquier momento, siempre que existan fundamentos de urgencia o amenaza nacional.
UN NUEVO ROL PARA LOS MILITARES: CONTROL, DETENCIÓN Y MANDO CONJUNTO
La reforma crea una figura de despliegue militar con facultades concretas de acción, incluyendo control de identidad, registro de personas y detención en caso de delito flagrante, con la obligación de poner a los detenidos de inmediato a disposición de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI).
El mando de estas operaciones recaería en un oficial general de las Fuerzas Armadas, quien tendría autoridad sobre el personal militar, policial y de seguridad pública en el área afectada. Este mando permanecería activo hasta por 90 días, salvo que la mayoría de diputados y senadores voten por su cese —una decisión que sólo podría impulsarse si un tercio de los parlamentarios lo solicita formalmente.
FRONTERAS EN ALERTA: LA CRISIS QUE DETONÓ LA REFORMA
El mensaje presidencial recuerda que el año 2021 fue el más crítico en la historia reciente del país, con 56.586 denuncias y autodenuncias por ingreso ilegal a través de pasos no habilitados. La cifra representa un aumento del 236% respecto del año anterior, lo que, según el Ejecutivo, refleja la magnitud de la crisis migratoria que vive Chile.
Ante este escenario, el Gobierno ha implementado diversas medidas para reforzar el control fronterizo, entre ellas el despliegue militar vigente desde febrero de 2023 en la Macrozona Norte, que ha servido como ensayo de esta política. Además, se han invertido más de 46 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 para mejorar el equipamiento, la tecnología y la capacidad operativa de las instituciones policiales y de defensa en la zona.
CONTINUIDAD OPERATIVA Y EFECTO POLÍTICO
La propuesta contempla también disposiciones transitorias que buscan garantizar la continuidad de las labores de resguardo mientras la nueva norma entra en vigor. Sin embargo, el proyecto ya despierta debate en el Congreso: mientras algunos lo ven como una herramienta necesaria frente a la desbordante migración y el avance del narcotráfico, otros lo interpretan como una peligrosa concentración de poder en el Ejecutivo.
De aprobarse, Chile se sumaría al grupo de países de la región que han otorgado a sus fuerzas militares facultades extendidas en materia de seguridad interna, un movimiento que podría redefinir los límites del Estado civil y militar en tiempos de crisis.
UN PAÍS ENGUARDIA
Lo cierto es que el país se encuentra en una encrucijada. Entre la urgencia de reforzar las fronteras y el riesgo de debilitar los controles democráticos, la discusión en el Senado promete ser intensa. En juego no solo está la política migratoria, sino también el equilibrio de poderes en la República.
La reforma abre un nuevo capítulo en la historia de Chile: uno donde la seguridad nacional podría quedar, literalmente, en manos del Ejército.
